La precampaña electoral se calienta. El PP sacó ayer a la luz dos informes internos de la propia Administración para denunciar que el SAS "maquilla" las listas de espera. Los documentos hechos por inspectores de la Delegación de Salud se remontan a septiembre y octubre de 2007, aunque se presentan a menos de dos meses de las elecciones autonómicas. Según la cabeza de lista a esos comicios por el PP, Esperanza Oña, demuestran que la Junta "falsea y manipula" las listas de espera.

En el documento referido a las listas del Hospital Carlos Haya a septiembre de ese año, los inspectores apuntan que entre los pacientes que tenían garantizado un tope de espera de 120 días para operarse, existían 54 que "habían sobrepasado los plazos" ya que 49 estaban entre 120 y 140 días, tres entre 140 y 179 y dos pasaban de los 180. Salud siempre ha sostenido que se cumplen los plazos a rajatabla.

Otras "anomalías organizativas" detectadas por los inspectores en el principal hospital de la provincia se refieren a la suspensión temporal (ST) de los tiempos de espera. Quedan en suspenso los plazos para operarse a petición del propio enfermo -una boda, por ejemplo- o por razones médicas -como que haya contraído una infección y se desaconseje la intervención. El informe de la Inspección de la Delegación apunta que del muestreo de pacientes en suspensión temporal por cuestiones médicas "se constató una falta de justificación clínica en el 33% de los casos revisados". En más de una ocasión, los sindicatos han denunciado que la suspensión temporal se utiliza para "esconder" a pacientes que van a superar los plazos fijados en decretos que se autoimpuso el Servicio Andaluz de Salud para garantizar topes de espera y que han sido copiados luego por otras autonomías. "La suspensión temporal por reevaluación clínica no siempre se justifica clínicamente", según el informe.

Hay otra práctica que reprueban los inspectores de la propia Delegación y es que no se informe a los pacientes de que si rechazan operarse en un centro concertado pierden la garantía de que serán operados antes del tope fijado y que según las intervenciones puede ser de 120 o de 180 días. El SAS se autoimpone la obligación de que entren en quirófano en esos plazos, pero cuando la lista de espera crece demasiado y se están por incumplir esos topes, suele ofrecer que la operación se haga en un centro concertado. Si se rechaza esta opción, el enfermo sigue en lista de espera, pero pierde la garantía de que será intervenido antes de 120 o 180 días. Ello supone una penalización al usuario que opta por la sanidad pública.

Según el informe -referido a 2007- la derivación a un centro concertado se oferta en el mismo momento en que el paciente se inscribe en la lista de espera quirúrgica "sin respetarse los plazos" y "sin información alguna al usuario sobre la pérdida de garantía que conlleva el rechazo de la oferta". Los inspectores indican que los enfermos firman o no firman sin ser conscientes de que están rechazando un centro concertado: "Consideramos totalmente inadecuada esta práctica ya que lleva aparejada de una manera arbitraria la pérdida de garantía".

La práctica era generalizada. En el informe de octubre de 2007, que abarca todos los hospitales de Málaga, se indica que en el Clínico "a los pacientes no se les informa de lo que significa la pérdida de garantía que se produce al rechazar un concierto". En el apartado referido a este hospital, los inspectores apuntan sobre las listas de espera quirúrgica que había una buena cumplimentación de la documentación, pero señalan: "Se pueden modificar los registros informáticos. Se realiza 'ingeniería de ajuste' a efectos de cómputos de tiempo".

El informe también indica que en 2007 había hospitales que ofertaban centros concertados en determinadas operaciones de forma sistemática. El comarcal de Ronda lo hacía con las intervenciones de varices, el de la Axarquía con las de prótesis de cadera, rodilla y patología de columna. El Centro de Alta Resolución (CARE), del Carlos Haya, con los juanetes. Práctica que supone "la consiguiente pérdida de garantía" de tope máximo de espera. Por todas estas "anomalías", Oña -que dio ayer los informes- pidió la dimisión de la consejera de Salud, María Jesús Montero.