Apenas dos días después de pactar con el PSOE e IU una moción solicitando a la Diputación provincial un informe jurídico sobre el procedimiento seguido en la convocatoria de la oferta de empleo público del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), el PP presentó un contencioso administrativo ante los tribunales para que se investiguen las posibles irregularidades en las que se pudiera haber incurrido en el mismo. El portavoz popular, Francisco Salado, justificó este paso en la culminación del plazo legal para poder plantear tal acción judicial, que culminó el pasado 7 de abril. "Por lealtad a las otras formaciones esperamos hasta el último momento, para ver si el informe veía la luz antes de la fecha, pero como no fue así dimos el paso", explicó.

No obstante, fue claro al plantear la opción de retirar dicho contencioso ante "la buena voluntad" observada en el presidente del Consorcio, el diputado socialista Francisco Márquez, y si el informe encargado se pronuncia adecuadamente sobre el proceso. Para Salado, el mismo puede estar marcado por varias irregularidades, entre las que aludió directamente a que parte de las plazas que se ofertan, unas 38, "no aparecen vinculadas de forma directa a ningún municipio". "Creemos que se incumple el estatuto del Consorcio", dijo.

Según el representante del PP, se ha podido vulnerar el apartado 4 del artículo 30, que dice: "Será nulo de pleno derecho cualquier acuerdo de nombramiento o contratación de personal que se realice para plaza o puesto sin que tenga asignada claramente la vinculación y sin que se haya expresado tal circunstancia en la convocatoria del procedimiento selectivo y en el nombramiento o contrato". "Han jugado a contratar gente sin contar con el visto bueno de los ayuntamientos y sabiendo que esos contratos eran nulos", insistió.

La realidad a la que alude Salado está reflejada en un informe de la secretaria-interventora del consorcio de febrero de 2011, donde, no obstante, se plantea la posible subsanación de esa "irregularidad" mediante un acuerdo del consejo directivo del propio ente. Acto que, según informaron desde el organismo, se produjo a posteriori.

Lo que pone en evidencia este asunto es la actuación del presidente del consorcio, que, de un lado, conocía y avaló los informes jurídicos internos del ente marcando la forma de rectificar los errores detectados en el proceso y, de otro, defendió la opción de encargar un nuevo informe a la asesoría jurídica de Diputación. "Si en lugar de uno hay dos, pues mejor; lo que no queremos es que pueda haber ningún reparo", explicó Márquez. "Hubo un consejo en el que se hizo esa vinculación (el de las plazas ofertadas), pero aunque el informe interno establece que es la forma de subsanarlo, para tener plena seguridad no tuvimos inconveniente en pedir el informe a la Diputación", insistió.

Para el gerente del CPB, José Luis Cámara, todo el proceso seguido hasta la fecha cumple con la ley. De hecho, matizó que, a diferencia de lo que pudiera pensarse, el peso del informe de la Diputación sería nulo, al ser éste un organismo más de los que integran el consorcio. "Es contradictorio que se pida en el Pleno recabar unos informes cuando los mismos están ya en el seno del consorcio", añadió. Sobre el proceso selectivo, al que se han presentado 3.000 solicitudes, dijo que el mismo no se paraliza y confió en que esta misma semana se conozca la lista de excluidos, mientras que las primeras pruebas podrían realizarse en la primera quincena de mayo.