Peñarroya acusa a juez, fiscal y alcaldesa para exculpar a Roca

  • Afirma que la gestora fue a "cargarse Marbella", atribuye "falsedades" al equipo de Ángeles Muñoz y dice que el instructor de Malaya y la Fiscalía crearon "Guantánamo II"

El promotor malagueño Cristóbal Peñarroya repartió ayer fuego graneado en el juicio por el caso Malaya. Sugirió que el actual equipo de gobierno de Marbella, presidido por la popular Ángeles Muñoz, falsea documentación pública para perjudicar sus intereses. Afirmó que la gestora, constituida tras la disolución del Ayuntamiento al estallar el caso y cuya labor ha recibido el elogio general, la "pusieron allí para cargarse todo lo que había en Marbella". Acusó al fiscal y al juez de instrucción de haber convertido su detención en "Guantánamo II" y, finalmente, ratificó que el Ayuntamiento, en los tiempos del GIL, le hacía la vida imposible a través de Juan Antonio Roca, pidiéndole que pagara dos y tres veces cada licencia y tasa. Eso sí, se cuidó mucho de subrayar que era el Ayuntamiento quien pedía y al Ayuntamiento a quien pagaba.

La Fiscalía Anticorrupción tiene dos pruebas esenciales contra Cristóbal Peñarroya: los archivos de Maras Asesores en los que aparece la suma 35.000 euros junto a la anotación Villarroya. El fiscal estima que el contable de Roca se confundió al escribir el apellido. El segundo elemento es una carta del promotor y dirigida a Juan Antonio Roca que halló la Policía durante los registros domiciliarios. En esa misiva, el empresario preguntaba cuánto tenía que pagar y aludía a la presión que estaba soportando para hacerle "pasar por el aro".

Peñarroya ratificó ayer la declaración indagatoria que prestó en 2008, cuando explicó que la carta iba dirigida a Roca porque era quien se encargaba de esos asuntos y que le preguntaba cuánto tendría que pagar refiriéndose al Ayuntamiento. Al tiempo, rechazó su primera declaración porque "con el juez [Miguel Ángel] Torres y usted [en alusión al fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero], ahí no abría la boca nadie. Palabra de hombre". Aseguró que tras pasar "cuatro días en Guantánamo II no estaba en condiciones de declarar bien. Allí [en los calabozos] se pasaba muy mal".

Además, durante el interrogatorio al que le sometió el fiscal se desvinculó de la anotación existente en la contabilidad secreta de Maras Asesores, recalcando que él no es Villarroya.

El Ministerio Público justifica que el promotor tuviera necesidad en diciembre de 2005 de abonar un soborno de 35.000 euros a Juan Antonio Roca para conseguir licencia de primera ocupación por silencio administrativo para parte de las 486 viviendas que había construido en La Reserva de Marbella.

El procesado, sin embargo, relató que el Ayuntamiento le había otorgado las licencias de obras al amparo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1998, propuesto por el GIL y que nunca llegó a ser de aplicación. Después batalló por lograr el permiso de primera ocupación que en algunos casos obtuvo gracias a que los tribunales reconocieron que había recaído el silencio administrativo.

En síntesis, el promotor señaló que en diciembre de 2005 no tenía necesidad de pagar sobornos por licencias municipales que tenía desde tiempo antes y defendió la legalidad de sus proyectos, porque ya desde el planeamiento de 1968 figuraba como urbano, de ahí que cuestionara al actual equipo de gobierno de Marbella por calificar como verde gran parte de sus suelos en el actual PGOU y, sin embargo, quedarse con el dinero que entregó en los convenios urbanísticos que firmó con el GIL.

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