Peñarroya: "El urbanismo de ahora es peor que el del GIL"

  • El promotor afirma en el juicio del caso Malaya que la concesión de licencias en la época del 'gilismo' no estaba en manos de Juan Antonio Roca, sino de dos técnicos

Tú me atacas y yo te ataco. El promotor Cristóbal Peñarroya continuó ayer en el juicio por el caso Malaya la estrategia defensiva que desplegó el martes y que pasa fundamentalmente por arremeter contra todo y contra todos.

El empresario, a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama dos años de prisión y 70.000 euros de multa por un presunto delito de cohecho, devolvió con ferocidad todos y cada uno de los golpes que le lanzaron ayer las acusaciones. Atacó a la Junta de Andalucía porque, según dijo, recurría las licencias municipales y sin embargo no ponía ninguna pega a las 30.000 viviendas ilegales de Marbella mientras cobraba los impuestos, aunque aludió al IVA que es un tributo estatal.

También se volvió a despachar con la gestora que tomó las riendas del municipio cuando fue detenida Marisol Yagüe y su equipo de gobierno en el caso Malaya. El constructor dijo que la Junta la colocó en el Ayuntamiento "para que arrasara Marbella", y le reprochó, entre otras cosas, que no se personara en los pleitos que había promovido la Junta de Andalucía contra las licencias ilegales y que, de esa manera, permitiera que los tribunales declararan la nulidad de cientos de permisos de obra.

Y de nuevo ayer le volvió a tocar el turno al actual gobierno que dirige Marbella bajo la presidencia de la popular Ángeles Muñoz. Cristóbl Peñarroya afirmó sin rubor que "el urbanismo de ahora es peor que el de aquella época", en alusión a la política municipal que se realizó durante el gilismo.

Gran parte del choque de Peñarroya con el Ayuntamiento de Marbella y su actual alcaldesa reside en que el promotor pagó 270.000 euros al Consistorio en un convenio para que unos suelos que estaban catalogados como no sectorizados pasaran a urbanizables sectorizados. Este acuerdo debía ser recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Sin embargo, el que elaboraba el GIL en 1998 nunca fue de aplicación y el actual, aprobado en 2010, no sólo no recoge el convenio firmado la etapa del GIL sino que gran parte del terreno lo cataloga de verde.

Peñarroya explicó ayer que ha exigido al Ayuntamiento que le devuelva los 270.000 euros de ese convenio, pero que el gobierno de Ángeles Muñoz se ha negado bajo el argumento de que éste es un asunto que ya ha prescrito.

La falta de entendimiento del empresario malagueño con la Junta de Andalucía, la actual corporación municipal y con la gestora no significa, sin embargo, que elogie el gilismo. De las respuestas proporcionadas durante el interrogatorio en el juicio por el caso Malaya se deduce que su relación con el GIL alcanzó un cierto grado de bipolaridad: tuvo negocios importantes en Marbella en esos años y allí construyó cientos de viviendas, pero también dijo que fue "un calvario", fundamentalmente porque los técnicos Raquel Escobar y Francisco Merino.

Estos empleados municipales, en su opinión, eran los únicos con capacidad y mando para otorgar licencias, y le hacían la vida imposible. "Me llevaban por la calle de la amargura. Tenía un empleado allí de 9 a 2, todos los días, dando por saco a ver si conseguía las cosas y a pesar de todo yo tenía que ir dos o tres veces a la semana al Monte Calvario, porque eso es lo que era el urbanismo de Marbella".

Pero si exculpó a Roca de tener responsabilidad en la concesión de las licencias tampoco lo eximió de otras culpas. Lo acusó de ser el que apretaba las clavijas para forzarle a comprar al doble de su precio real unos terrenos que él había entregado al Ayuntamiento de Marbella en concepto de aprovechamientos urbanísticos. Además, le exigía que el pago lo hiciera "metálico y al contado".

Peñarroya argumentó que se refería precisamente a esta operación de recompra de sus suelos cuando escribió en una carta dirigida a Roca sobre la necesidad de "pasar por el aro", frase que, sin embargo, la Fiscalía cree que se refería a la necesidad de hacer pagos ilegales para conseguir licencias de primera ocupación.

El promotor subrayó que no era amigo de Roca y que si había encabezado aquella carta con la frase "estimado amigo Juan Antonio" era por mera fórmula de cortesía.

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