Una juez dice que Pendón discriminó laboralmente al funcionario al que agredió

  • La sentencia anula el acuerdo de 2002 por el que se trasladó al empleado de ubicación "por no ser conforme a derecho"

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Un juzgado ha anulado un acuerdo del Ayuntamiento de Ardales de 2002, cuando era alcalde Salvador Pendón (PSOE), por considerar que hubo "discriminación" al trasladar a otro puesto al funcionario municipal Manuel Campano, lesionado hace meses por el propio Pendón. En esa fecha, Campano era presidente del PP local, aunque en la actualidad ya no milita en el partido.

Esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga se ha conocido dos meses después de que la Audiencia Provincial confirmara otra resolución judicial que condenó a Salvador Pendón, ahora presidente de la Diputación de Málaga, como autor de una falta de lesiones al propio Campano a la pena de una multa de 1.500 euros.

El fallo del Contencioso estima el recurso del funcionario y anula el referido acuerdo municipal del 23 de septiembre de 2002 que lo adscribió como auxiliar administrativo en la biblioteca municipal "por no ser conforme a derecho" y, aunque cabe recurso de apelación, según el recurrente, el Consistorio -ahora con un gobierno de otro signo político- no prevé presentarlo.

Manuel Campano, repuesto ya en su destino inicial, ha asegurado que tras esta sentencia solicitará la reapertura de las diligencias previas instruidas contra Pendón a raíz de la denuncia del funcionario por "un presunto delito de lesiones psíquicas por persecución laboral" y sobreseídas provisionalmente por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga. El afectado, ex presidente local del PP y que fue delegado sindical de la central CSIF, pretende ahora solicitar daños y perjuicios.

En los fundamentos de derecho de la última sentencia se señala que "quedan acreditadas circunstancias que desvirtúan la motivación de la decisión administrativa"; que "la situación tensa que se vivía entre el alcalde y el funcionario queda patente por las actas de sesiones del Ayuntamiento"; y que "sorprenden por el reconocimiento de hechos impropios de miembros de una Corporación local".

La magistrada indica que "incluso con abstracción de esta circunstancia que evidencia una clara intención de alejar al funcionario de la sede principal del Ayuntamiento, los hechos posteriores al acuerdo impugnado demuestran que la necesidad aludida para la adscripción del funcionario a otro puesto no se corresponde con la realidad".

El fallo también dice que "la justificación del acuerdo impugnado pierde toda su razón de ser y la discriminación sufrida por el actor se hace todavía más flagrante".

Joaquín Ramírez, presidente provincial del PP, partido que lideraba en Ardales Campano cuando ocurrieron los hechos, reclamó ayer a Pendón que pida disculpas públicas al funcionario y calificó de "antidemocrática e intolerable" la actitud del presidente de la Diputación Provincial. Lamentó que la Justicia "se vea obligada a recriminar la impunidad con la que actúan los representantes del PSOE".

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