Bolkestein. El nombre es difícil de escribir y de pronunciar pero está en el pensamiento de todos los comerciantes ambulantes desde hace meses. Es el apellido del político holandés que, en 2006, impulsó una directiva europea que pretende liberalizar el comercio en toda la Unión Europea. Tras varios años de adaptación, esta normativa empezó a ser de obligado cumplimiento a partir del 28 de diciembre de 2009 y ha puesto en pie de guerra a todos los vendedores ambulantes pues corren el riesgo de quedarse sin trabajo.

La situación es la siguiente. Esta directiva, en principio, busca la igualdad de oportunidades entre todos los comerciantes europeos a la hora de colocar un puesto en el mercadillo. Un francés, un italiano o un rumano, por tanto, deben tener la misma posibilidad que un español de montar una tienda ambulante en España. El problema es que no cabrían todos ya que a los nacionales habría que sumar los extranjeros. La solución planteada por la UE es sortear los puestos. Hasta ahora, las licencias de los vendedores ambulantes para distribuir sus productos en cualquier rastro eran anuales y se renovaban automáticamente siempre que se estuviera al día en el pago de impuestos, en la Seguridad Social y tuvieran un seguro de responsabilidad civil. A partir de ahora, las licencias se concederán por un tiempo de uno a cuatro años pero no se podrán renovar automáticamente. Simplemente, al final de cada periodo, habrá un sorteo. Si toca bien y, si no, no se podrá trabajar en ese mercadillo. En muchos municipios pequeños o medianos sólo hay un rastrillo, por lo que el comerciante no podría trabajar en esa localidad.

Ni que decir tiene que los vendedores han montado en cólera pues, de golpe y porrazo, ven cómo se pueden quedar en el paro después de 10, 20 ó 30 años trabajando en los mismos sitios. El sector de la venta ambulante, además, suele pasar de padres a hijos y, con esta normativa, la continuidad se corta. "Mis dos hijos se han criado conmigo en el mercado y sólo saben hacer esto. Esto es la ruina para nosotros y para toda nuestra familia", asegura Juan Rodríguez, propietario de un puesto de ropa en el mercadillo de Santa Paula. Francisco Bermúdez tiene otro puesto de ropa en este rastro. Tiene 35 años, ha heredado el comercio de su padre y lleva en él desde los 15 años. Su mujer trabaja con él y tiene dos hijos pequeños. "Esa directiva va a ser mortal para todos. No me he enterado muy bien pero dicen que nos van a quitar los puestos y a sortearlos. ¿Cómo van a sortear el sitio en el que llevo 20 años y pagando todos los impuestos?", se pregunta Bermúdez, quien afirma estar "super preocupado". "Es muy fuerte porque no hay trabajo y el poco que hay nos lo quieren quitar", continúa apesadumbrado.

En el mercado de Huelin, en un puesto de ropa, trabaja casi al completo la familia Rodríguez. Francisco tiene 36 años y lleva allí desde hace 15. Cada día acude a un mercadillo distinto en Málaga o en otros municipios de la provincia y pagan, entre impuestos, género y el estante, unos 40 euros diarios. La crisis está pasando factura y afirma que "ingresamos entre 50 y 100 euros al día, sin descontar esos gastos, y de eso tenemos que vivir todos". Los clientes compran cada vez menos y exigen precios más baratos, lo que obliga a ajustar los márgenes. "He comprado toallas a 2,3 euros y las tengo que poner a 3 euros para poder venderlas", señala. Explica que no tienen vacaciones ningún día del año "y ahora con esta normativa nos quieren exterminar pero ninguno lo vamos a permitir". "Con eso sólo van a conseguir que se fomente la delincuencia porque si nos quitan el trabajo tendremos que robar o vender droga para sobrevivir", apostilla su hermano Antonio.

En el puesto de al lado está Antonio Jiménez. Tiene 50 años y sus posibilidades de encontrar otro empleo son remotas. "¿Dónde voy a ir yo ahora?", se pregunta mientras asegura tajante que "de aquí no me mueve nadie". Macarena Amador está en una situación parecida. Tiene 46 años y dos hijos, uno con 28 y otro con 22 que trabajan con ella. "Nuestra vida gira alrededor del mercado y ahora nos quieren echar a todos a la calle. No tiene lógica", destaca a la vez que hace hincapié en que su familia, como el resto de vendedores ambulantes, han hecho una fuerte inversión, por ejemplo, en la compra de una furgoneta, que les costó 30.000 euros. Salvador Madrid también tiene 46 años "y me quedan 20 de hipoteca". Empezó a trabajar de niño en el rastro junto a su abuela y su padre y no entiende "cómo vienen a echarte de tu puesto de trabajo por la cara cuando eres tú el que estás pagando". Madrid exige a los políticos "que aporten soluciones y no más problemas" y se pregunta qué va a hacer ahora.

En Málaga trabajan unas 15.000 personas en el sector. Hay cuatro asociaciones profesionales que se han unido en una plataforma para pelear por sus derechos. Esta tarde, a las 18:00, han convocado una asamblea en el Centro Cívico para explicar la situación a todos los comerciantes y organizar una concentración multitudinaria que tendrá lugar el día 25 en Sevilla. Una jornada que, según anuncian, "será una huelga general en toda la región".

La competencia sobre la regulación de las licencias ha caído ahora en los ayuntamientos. Es una patata caliente y se quiere tener una postura común, ya que los vendedores ambulantes suelen trabajar en distintas localidades. La Federación Andaluza de Municipios está diseñando una ordenanza para que todos los municipios andaluces puedan seguir un mismo criterio. Purificación Pineda, concejal de Comercio en el Ayuntamiento de Málaga, afirma que ya se ha hecho un borrador y se ha abierto un plazo para que los ayuntamientos presenten alegaciones. En el caso de la capital, las licencias caducarán a finales de año y, entonces, el nombre de Bolkestein volverá a aparecer en las pesadillas de todos los comerciantes.