Piden 18 meses de cárcel al alcalde de La Viñuela por dos delitos urbanísticos

  • Autorizó construir tres chalés en suelo no urbanizable sin hacer cambios en el planeamiento ni justificar interés social

El alcalde de La Viñuela, Juan Millán (PSOE), se enfrenta a 18 meses de prisión y 17 años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos, presuntamente cometidos al conceder tres licencias de obra para construir chalés en suelo no urbanizable sin que previamente se formalizara ningún cambio en la calificación del suelo, ni se hubiera justificado en los expedientes el interés social de los proyectos ni su vinculación a explotaciones agrarias.

La Fiscalía de Málaga, en su escrito de conclusiones provisionales, mantiene que Millán concedió mediante dos decretos firmados en agosto de 2001 y octubre de 2003 licencias a particulares para construir tres viviendas unifamiliares en la zona conocida como pago Guerrero.

Todo ello lo realizó, según la acusación pública, "de forma consciente y a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección de embalse de La Viñuela", según las normas subsidiarias de planeamiento de 1996, vigentes en el momento en el que se concedieron las licencias de obra.

Además, el fiscal considera que para estos permisos "se prescindió de los trámites necesarios", puesto que en los dos primeros expedientes el secretario hacía constar la calificación del terreno y que para su edificación se precisaba "justificación de la nulidad e interés social de la obra", mientras que en el tercero se instaba a acreditar la vinculación de las obras a un fin agrícola, forestal o ganadero "no habiéndose realizado nada de ello".

Así, para el ministerio público, los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación, por el que solicita un año de prisión y 10 de inhabilitación, y otro de prevaricación, del mismo artículo 320 del Código Penal, por el que pide seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación, también especial para empleo o cargo público.

El Ayuntamiento de Viñuela aprobó a finales del año pasado su plan general de ordenación urbana (PGOU) sin el visto bueno de la Junta de Andalucía y aferrándose al silencio administrativo, decisión que fue recurrida por la Junta. El plan no contaba con el visto bueno de Medio Ambiente.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios