El alcalde de Sayalonga, José Luis Navas Camacho (PSOE), se enfrenta a una petición fiscal de un año de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio.

El fiscal considera que Navas Camacho en su condición de alcalde concedió una licencia de obras a un particular para la construcción de una vivienda de nueva planta "a sabiendas de que contravenía frontalmente la normativa urbanística vigente", según el escrito acusatorio.

El regidor presuntamente concedió una licencia en suelo no urbanizable, extremo que según la acusación pública, "se hacía constar en el informe técnico municipal emitido en el expediente de la licencia de obras". La licencia concedida quedaba condicionada a la presentación de cierta documentación y al pago del impuesto sobre construcciones, aunque según la fiscalía, no se cumplió ninguna de las condiciones por lo que no llegó a adquirir efectividad la autorización.

Más tarde, en junio de 2005 se comprobó que en el lugar se estaba realizando una vivienda unifamiliar de dos plantas, amparándose en la antigua licencia, por lo que el Ayuntamiento acordó incoar expediente de restauración de la legalidad urbanística.

Dicho expediente se acordó a pesar de un informe técnico que dejaba constancia de la ilegalidad de la construcción, la cual se ejecutaba sin licencia al no haberse solicitado la renovación de la primera y ante la disconformidad expresamente mostrada por el secretario municipal. Además la Consejería de Obras Públicas y Transportes requirió que se ejercitase las facultades disciplinarias urbanísticas, aunque supuestamente el alcalde archivó "sin mayor razonamiento" el expediente incoado.

En el mismo procedimiento también se pide que se condene a un constructor a un año de prisión y dos de inhabilitación por otro delito contra la ordenación del territorio. En este caso, se trata de una vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable en el municipio de Sayalonga, que carecía de licencia municipal de obras, ya que la que tenía debía ser considerada caducada, según el fiscal, al no haberse renovado y por la falta de presentación de la documentación requerida en su día por el Ayuntamiento. El alcalde y el constructor se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo jueves.