Victoria Domínguez Montes se enfrenta al castigo de ir a la cárcel en febrero próximo por no demoler una vivienda que construyó en suelo protegido no urbanizable. Pero el problema es que el inmueble ya no es de su propiedad porque lo vendió en 201.
La mujer compró una parcela en la finca Santa Águeda, en Campanillas, en 2007. Allí instaló una casa prefabricada.
Como el terreno era protegido no urbanizable, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga le abrió un expediente y dictó una orden de demolición en 2009.
La propietaria vendió la parcela a finales de 2010 haciéndole al comprador "la expresa advertencia de la situación urbanística -obligación de demoler lo existente- y la imposibilidad de volver a construir".
En 2013, pese a que no era ya la dueña del inmueble, la mujer acumulaba 12 multas de la Gerencia de Urbanismo por incumplir la orden de demoler y la correspondiente deuda por lo que Gestión Tributaria embargó su actual vivienda y acordó la subasta pública de la misma.
A través de su abogada, promovió ante la Gerencia de Urbanismo un expediente de revisión para que anularan las multas ya que no era la propietaria. Dos años más tarde, consiguió parcialmente su propósito ante la Gerencia de Urbanismo. La mujer creía que la situación estaba zanjada al haberse redirigido el expediente de demolición contra los nuevos dueños de la vivienda.
Sin embargo, en 2016, un juzgado de lo Penal dispuso su rentrada en prisión en febrero de 2018 si no procedía a la demolición de lo construido, por lo que en su día se dictó una sentencia condenatoria en su contra. Su defensa argumenta que Victoria Domínguez Montes se enfrenta la "imposibilidad legal " de cumplir la orden de demolición ya que no es la propietaria desde el año 2010 en que procedió a su venta.
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