La marcha atrás del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en su apuesta por incluir un canon en el recibo del agua para sufragar las infraestructuras hidráulicas futuras de la ciudad quedó ayer ratificada. Todos los grupos con representación municipal, incluido el PP, dieron luz verde al acuerdo por el que el Ejecutivo local renuncia a aplicar este incremento en la tarifa, al tiempo que se demanda a la Junta de Andalucía su colaboración económica para hacer frente a unas actuaciones valoradas por Emasa en unos 130 millones de euros.

La rectificación protagonizada por los populares, que en los últimos meses venían insistiendo en la necesidad de aplicar dicho canon como única vía posible para realizar las mejoras previstas, tiene lugar en un escenario de oposición clara tanto por parte del resto de grupos políticos como de los consumidores y usuarios. Tanto es así que de no haber variado su posición, el PP se hubiese quedado solo en su planteamiento.

El revés se ve compensado con la aceptación por parte de todo el Pleno del punto primero de la moción urgente presentada por el PP, en la que se demandaba la colaboración económica de la Administración regional. Incluso, se precisa un reparto de obligaciones económicas, de manera que sería la Junta la que, vía fondos Feder del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020, deberá afrontar el pago de las actuaciones de saneamiento, valoradas en 72 millones, mientras que el Ayuntamiento y Emasa asumirán las obras de uso terciario y abastecimiento, tasadas en 6 y 52 millones, respectivamente.

A lo largo del debate, el acuerdo final fue incorporando las aportaciones de otras formaciones, caso de Málaga para la Gente, quien demandó la posibilidad de que la Junta haga frente a su parte de la operación mediante los fondos recaudados con el canon autonómico de depuración. Otro de los puntos que también salió adelante con el aval mayoritario, a excepción del PSOE, que se abstuvo, fue reclamar a la Junta precisamente la eliminación del canon autonómico.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, negó que la idea de aplicar el canon fuese lanzada por el equipo de gobierno. "Nos lo recordó verbalmente la Junta", dijo, al tiempo que subrayó que la Junta ha ingresado desde 2011, con el canon, unos ocho millones anuales, sin que se haya visto "ninguna actuación". "Hay alternativa si llegamos a este acuerdo y no necesitaríamos aplicar el canon", insistió el edil del PP, para quien estaría justificada la aplicación del citado canon.

Los grupos de la oposición cargaron contra la gestión realizada por el Ejecutivo local en materia de aguas. Incluso su socio de investidura. El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, lamentó que las inversiones hidráulicas en la ciudad "brillen por su ausencia y por falta de todas las administraciones". Al tiempo, cuestionó abiertamente el canon autonómico, expresando sus dudas sobre el destino que se da al dinero recaudado. Por ello, apostó por impedir "la doble imposición injusta para los malagueños".

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, se congratuló de que el PP y De la Torre "parezcan dar marcha atrás con la intención de gravar con el nuevo canon la tarifa del agua"; aunque dudó de que esa decisión sea definitiva. "Nos parece injusto volver a gravar a los malagueños cuando Emasa ha financiado al Ayuntamiento hasta en tres ocasiones", asegurando que "lo peor es que esos 169 millones de euros no se reinvirtieron en infraestructuras hidráulicas", apostilló.

Desde el PSOE, la concejala Begoña Medina tildó de "maliciosas, engañosas e insolidarias" las palabras de Jiménez sobre el canon autonómico, asegurando que el equipo de gobierno es "el artista del enredo". El rechazo al canon fue igualmente expresado por Málaga Ahora y el edil no adscrito Juan José Espinosa.

Donde no hubo la misma unanimidad fue en la reclamación que hizo el PSOE respecto a la Plusvalía y la creación de una mesa en la que todos los grupos aborden su modificación. Esta demanda contó con los votos contrarios del PP y Ciudadanos, que sin embargo sí fueron favorables a que se inste a las federación española y andaluza de municipios y provincias a la creación de un acuerdo marco común para todas las localidades para que revisen el cobro de plusvalías mortis causa.

En este asunto, el portavoz socialista, Daniel Pérez, fue contundente, acusando al presidente del PP provincial, Elías Bendodo, y al presidente regional, Juanma Moreno, de "haber intentado engañar a los ciudadanos" con el impuesto de sucesiones, "cuando lo que afectaba eran las plusvalías". "El mayor atraco y quien ha metido la mano en las herencias de los malagueños ha sido De la Torre, Moreno y Bendodo", sentenció en su intervención.

De otro lado, se acordó instar al Ejecutivo local a poner en marcha una mesa, en coordinación con la Delegación Malagueña de Baloncesto y los clubes, en la que estudiar las zonas disponibles para crear nuevos equipamientos deportivos en la ciudad. Todo ello como medida en el actual conflicto por los ruidos en los colegios debido a la práctica deportiva en horario de tarde.