Si algo han permitido constatar las recientes denuncias sobre la situación límite en la que se encuentra la Gerencia de Urbanismo, el brazo históricamente ejecutor de las inversiones en Málaga capital, es la ingente carga de trabajo que viene recayendo desde hace años sobre la sección de Infracciones del organismo. La misma, que forma parte del departamento de Licencias, cuenta, según los datos dados a conocer por los responsables de la institución, con 17 trabajadores, plantilla escasa a tenor del número de expedientes que anualmente se abren ante la detección de irregularidades. Conforme a las estadísticas oficiales, año tras año es del orden de un millar de asuntos los que se tramitan en estas dependencias.

Pero si este movimiento ya resulta de por sí elevado, el peso es aún mayor si se incluye en la ecuación la existencia de otros 5.000 casos vivos que se vienen arrastrando desde hace más de una década y que están pendientes de ser resueltos. Conforme a esta realidad numérica, cada uno de los operarios se ve en la obligación de asumir una media cercana a los 300 expedientes. Y ello sin el añadido de los asuntos que puedan resultar de nueva incorporación.

El aporte realizado por la jefa de Licencias, Leonor Muñoz, durante la sesión de la semana pasada incluyó una estimación de otros 10.000 expedientes archivados en algo más de diez años. La proporción indicada situaba en un 66% el número de casos archivados y en un 34% el de los pendientes de ser resueltos. Entre los primeros, apostillan desde Urbanismo, se incluyen aquellos que fueron resueltos tras la actuación del infractor; aquellos casos en los que se comprobó que la supuesta irregularidad no fue tal; otros que caducaron tras haber transcurrido los plazos marcados, y esos otros que definitivamente prescribieron.

Pero, ¿qué porcentaje de los expedientes corresponde a cada caso? El interrogante no pudo ser respondido por ninguno de los responsables del organismo, que alegan que el sistema actual no marca cuántos expedientes caducaron y cuántos prescribieron. Los datos acumulados desde 2011 hasta el pasado mes de mayo elevan la cifra de expedientes a 6.972, destacando lo ocurrido en 2015, con 1.656, cuando se produjo una actuación masiva de oficio por parte de Urbanismo por la instalación de rótulos en el Centro histórico de la capital. Ante esta situación, el equipo de gobierno asegura estar buscando mecanismos mediante los que evitar la caducidad y la prescripción de estas infracciones.

Uno de ellos la redacción de un plan de inspección municipal con el fin de graduar la prioridad de los asuntos, tratando de maximizar los pocos medios existentes para subsanar alteraciones de la realidad física de mayor entidad, caso del suelo no urbanizable, de los espacios protegidos o de ejecuciones de obra no autorizadas. El ejemplo que se viene señalando es claro: "no es lo mismo que se coloque un cartel no autorizado en un negocio que se empiece a construir una planta sobre suelo no urbanizable". Al tiempo, se incide en la intención de aprovechar la movilidad interna de la plantilla y la creación de nuevas plazas, si bien esta última medida está condicionada a las dificultades legales.

El paso adelante que ahora quieren dar desde Urbanismo, según reconocen en el propio ente, tiene en Villas del Arenal y las más 100 infracciones abiertas por los anteriores responsables del departamento su punto de arranque. De acuerdo con las tesis manejadas por el concejal, Francisco Pomares, y por el gerente de Urbanismo, José Cardador, a diferencia de lo que se quiere hacer ahora, por aquel entonces se optaba más por la mano dura que por el diálogo y el acercamiento a los intereses de los vecinos. Ambas opciones perfectamente legales, pero de una dimensión política bien distinta.

El propósito de los responsables del organismo no coincide con la interpretación que se hace en el seno del comité de empresa, desde el que se traslada la idea de que la sección de infracciones está "muy mermada". "En realidad hay tres inspectores", explicaron desde la representación laboral, que recordaron que hay un inspector de obra que acumula dos años enfermo y que no ha sido sustituido.

"Las plazas de los que se jubilan no se amortizan", apostillaron. Este apunte sí coincide con los datos aportados la semana pasada por Cardador, quien destacó la merma que la plantilla de la Gerencia de Urbanismo viene sufriendo desde 2011, cuando había 343 trabajadores, frente a los 302 actuales. Una cifra que podría reducirse más aún ya que hay varias jubilaciones previstas en los próximos meses.

Uno de los trabajadores de Urbanismo recordó como veinte años atrás el servicio de inspección llegó a contar con cuatro agentes de la Policía Local, "con sus propios ordenadores, con sus bases de dato", que se sumaban a ocho inspectores de Urbanismo. "Estaban todos los medios a su disposición y ahora hay tres inspectores", dijo, al tiempo que consideró que "hay los trabajadores que quieren que hayan".