La Policía Local detuvo en 2017 a 129 maltratadores y denunció a 22

  • Catorce agentes protegen con vigilancia y un teléfono a 500 víctimas con alejamiento, que puede quebrantarse con un solo mensaje

  • Hay agresores que están en paradero desconocido

Una manifestación reciente contra la violencia de género. Una manifestación reciente contra la violencia de género.

Una manifestación reciente contra la violencia de género. / m. h.

La Policía Local de Málaga detuvo durante 2017 a un total de 129 hombres como presuntos autores de un delito de violencia de género hacia su pareja y denunció a 22, que están siendo investigados por supuestas vejaciones, insultos, injurias o calumnias. En estos casos, a diferencia de los anteriores en que ha habido agresión y/o amenazas graves, no ha procedido el arresto. "Depende del hecho denunciado y que haya suficientes pruebas, pero la figura del investigado no detenido por violencia de género es muy escasa", destacó el subinspector Antonio Bautista, jefe del Grupo de Investigación y Protección (GIP).

En la capital, hay actualmente un millar de casos activos por este delito. Diez agentes y cuatro oficiales pertenecientes a un subgrupo especializado de la Policía Local protegen a unas 500 víctimas del machismo, algunas con hasta tres agresores incluso desde hace cinco ó siete años. Todas ellas son mayores de edad y tienen un nivel de riesgo bajo, medio o no apreciado. Disponen de una orden de alejamiento de su ex pareja. La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se encarga de la atención a otras 500 mujeres con un grado de peligro superior.

Cada una de las víctimas que forman parte de VioGen -el sistema de seguimiento integral en los procedimientos de violencia de género- cuentan con un protector que vela por su seguridad y trata de frenar cualquier acercamiento del agresor. "Hacemos contactos rutinarios semanales o quincenales por si ha habido alguna incidencia. Según el nivel de riesgo, se hace una contravigilancia a la salida del domicilio de la mujer y en los lugares que suele frecuentar, como el trabajo y el colegio", detalló el subinspector Bautista.

El policía también contacta con el maltratador, al que informa de las consecuencias que conlleva quebrantar la medida de alejamiento que le ha sido impuesta, ya sea por sentencia o como medida cautelar. Las redes sociales son, en este sentido, uno de los principales caballos de batalla de los agentes. "El protector, cuando trabaja en un nuevo caso, recuerda al autor que no puede acercarse a la víctima, ni siquiera a través de Whatsapp, Facebook o terceras personas. Se le advierte de las repercusiones legales que supone no cumplir esto", recalcó el mando policial. En este sentido, hay mujeres que se sienten "acosadas" y muchos, sin embargo, no consideran que enviar un mensaje implique el incumplimiento de la medida. La mayoría de los detenidos tienen antecedentes por otros hechos delictivos.

Las víctimas pueden recurrir al policía que se le ha asignado a través de un teléfono que está disponible las 24 horas y reciben asesoramiento sobre los recursos que están a su alcance. Los protectores se afanan también en evitar "cualquier menoscabo psicológico para el menor", que el maltratador a veces utiliza para "amenazar a la madre con hacerle daño". El Código Penal tipifica como agravante el hecho de que la agresión se produzca en presencia de niños o adolescentes.

La demora de los procesos judiciales es otro de los hándicaps. Hay mujeres que llevan esperando que se celebre la vista oral desde hace 4 y 5 años. "Es mucho tiempo. Hay juicios rápidos, pero si no hay conformidad por parte del autor se pasa a un procedimiento abreviado, que a base de recursos y trabajo de los juzgados se van posponiendo", explicó el jefe del GIP. También el hecho de que el maltratador se encuentre en paradero desconocido ralentiza el proceso.

Una vez que finaliza la orden de protección, el caso pasa a estar inactivo. Los expertos hacen entonces una valoración sobre si el nivel de riesgo que existe es bajo, medio o no apreciado. En este último caso, la medida continúa estando vigente, aunque no haya habido delito por parte del autor.

Fue en marzo de 2017 cuando se conoció que la Policía Local asumiría el reto de proteger a las víctimas a través de la adhesión al programa VioGen, pero, un año después, los investigadores continúan a la espera de poder seguir investigando este tipo de delitos. Si entra un aviso en la Sala del 092, una patrulla acude al lugar para comprobar lo ocurrido y puede llegar hasta la detención del presunto agresor, pero la formulación de la denuncia, la toma de declaración del agente y la lectura de derechos del arrestado se gestionan en la Inspección Central de Guardia de la Comisaría provincial de la Policía Nacional. Una vez firmado el protocolo, la Policía Local también podrá realizar estas gestiones en sus dependencias.

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