La Policía adoptó medidas para que sus propios agentes no filtraran la investigación sobre la corrupción política y urbanística de Marbella a su principal sospechoso, el ex gerente de urbanismo Juan Antonio Roca.

Los recelos internos nacieron en el primer minuto de la investigación. El jefe del grupo del grupo tercero de la unidad de delitos fiscales y de blanqueo (UDEF-Bla) de la Comisaría General explicó ayer en el juicio por el caso Malaya que las pesquisas policiales se rodearon de medidas "extremas" de seguridad porque tenían miedo a que la investigación se fuera al traste precisamente por delaciones internas. De hecho, "en la primera o segunda semana" de seguimientos a Juan Antonio Roca los coches policiales fueron detectados y a través de las intervenciones telefónicas los agentes comprobaron cómo otro compañero "facilitaba" información sobre las matrículas.

A partir de ahí se modificó el sistema de investigación. "Utilizamos muchísimos medios", explicó el mando policial, en alusión tanto a los "esfuerzos humanos" que se movilizaron en esa fase inicial de la operación Malaya, como a los materiales. De hecho, indicó que se realizaron "cientos de rotaciones de vehículos" durante las vigilancias con el fin de evitar que pudieran ser detectados los automóviles que utilizaban los agentes para seguir a los sospechosos.

El jefe de grupo de la UDEF-Bla argumentó que las "medidas de contra vigilancia" que supuestamente puso en marcha el presunto cerebro de la trama les obligó a "multiplicar" hasta "el extremo" las precauciones. En este sentido aludió tanto a los sistemas tecnológicos que presumiblemente tenía a su disposición Juan Antonio Roca para proteger sus conversaciones y detectar la presencia de la Policía, como a la relación que mantenía con el jefe de la Policía Local de entonces, el procesado Rafael del Pozo, que, según sugirió, podría haberle prestado servicios en ese sentido.

El mando policial subrayó que se adoptaron "determinadas medidas" contra "determinados policías" para proteger la investigación, sin embargo, aclaró, que él no fue testigo directo de estos recelos internos y que estos controles para evitar filtraciones internas las adoptó la Udyco Costa del Sol.

Estas apreciaciones se suman a las que expresaron los agentes malagueños que inicialmente lideraron la investigación y, durante la primera fase del juicio referida al pelotazo urbanístico de Crucero Banús, afirmaron ante el tribunal que el juez instructor del caso, el magistrado Miguel Ángel Torres, protegió la operación Malaya de la propia Policía desde el momento en que instó a estos agentes a rendir cuentas de su trabajo sólo a él y no a ningún otro mando policial.

Una de las particularidades que ha arrastrado el caso Malaya es la división interna que sufrió la Policía. Las pesquisas las inició la Udyco-Costa del Sol, sin embargo, una vez que apareció en la investigación el nombre del comisario retirado Florencio San Agapito, procesado en esta causa, los agentes de la Comisaría de Málaga comenzaron a perder peso en beneficio de los expertos de la Comisaría General de Madrid, hasta que el grupo de la Costa del Sol quedó finalmente descabezado con el traslado de dos agentes a la Comisaría de El Palo para que se encargaran de asuntos menores relacionados con la delincuencia común. La sospecha de que la investigación se cerró en falso y que quedó algún cabo suelto sin aclarar siempre se ha alimentado.