El floreciente mercado inmobiliario que en los últimos años ha copado la economía malagueña ha sido un reclamo para delincuentes de guante blanco ávidos de las grandes cantidades económicas que se manejan en este sector. Buena muestra de ello es que la Policía Nacional abre una media anual de 50 investigaciones relacionadas con fraudes y estafas llevadas a cabo en el marco de las transacciones inmobiliarias. Ocultar información durante la venta de una parcela o usurpar la titularidad del auténtico propietario son los delitos más comunes, aunque también han ganado protagonismo las inmobiliarias fantasmas y las denuncias contra promotoras y constructoras cuyo producto final no cumple las características de lo acordado.

El responsable de la Sección de Fraudes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), Juan Titos, señala que el boom inmobiliario se convirtió en un panel de miel al que los estafadores acudieron como abejas. Los delitos surgidos en el ámbito de los bienes inmuebles han existido prácticamente desde el surgimiento de la propiedad privada -"¿Cuántos campos de este país se regaron de sangre por problemas de lindes?", se pregunta-, pero la transformación del sector inmobiliario en uno de los principales motores económicos del país han acrecentado las estafas en este ámbito.

Titos manifiesta que uno de los principales fraudes se desarrolla sobre todo en el ámbito rural y tiene como víctimas predilectas a los ciudadanos extranjeros. "Esta estafa consiste en vender como urbanizables parcelas de suelo rústico, algo que se ha hecho mucho en la zona del Valle del Guadalhorce", comenta el inspector jefe, que señala que "los estafadores aconsejan la instalación en estos terrenos de casas de madera prefabricadas. Los problemas surgen cuando los propietarios acuden a los ayuntamientos para que le suministren luz y agua y otros servicios municipales".

La situación adquirió tales tintes que los consistorios "llegaron a colocar carteles y a confeccionar murales en los que se alertaba de que diversos terrenos eran rústicos".

Este experto policial afirma que la candidez de muchos ciudadanos a la hora de comprar una vivienda es cada vez menor y van concienciándose de los peligros existentes. "Tenemos que tener en cuenta que en estas transacciones se manejan cantidades de dinero muy importantes y no basta con leerse una simple escritura. Es necesario acudir al Registro de la Propiedad y confirmar la titularidad de la propiedad. La gente no se concienciaba de que adquirir un casa supone media vida", señala.

La usurpación de la identidad del dueño del bien inmueble es otro de los fraudes más extendidos. Esta modalidad presenta diversos modus operandi. "Uno de ellos es asegurarse una opción de compra sobre una vivienda o una parcela y utilizarla para vendérsela a una tercera persona. En definitiva, comercializa algo que nos es suyo", manifiesta Juan Titos, que explica que otra vertiente "consistente en la falsificación de escrituras notariales o poderes para adjudicarse la propiedad. En estos casos, los estafadores suelen alquilarla previamente porque así la pueden enseñar e inspirar confianza a las potenciales víctimas, aunque ha habido quien ha llegado a vender una casa únicamente enseñando una fachada".

Las inmobiliarias fantasmas también han hecho estragos entre los compradores de casas. Negocios que surgían de la noche a la mañana, promocionaban bienes inmuebles inexistentes y, cuando se apoderaban del dinero de las entradas para las viviendas, se esfumaban de un día para otro. Los estafadores que ponen en práctica esta modalidad suelen ser reincidentes y hacen gala de una labia sin límites con la que embaucan a las víctimas. "Existe el caso de un pájaro al que hemos arrestado hasta en ocho ocasiones", ejemplifica.

Las denuncias de los compradores contra las promotoras y constructoras también están a la orden del día. Éstas suelen estar relacionadas con el incumplimiento de los términos del contrato de compra-venta.

Una modalidad más violenta es lo que en el argot policial se conoce como reap deal. En estos casos, la transacción inmobiliaria es el pretexto para lograr que la víctima acuda con una gran suma de dinero para darle un cogotazo.

Juan Titos resalta la dificultad de este tipo de investigaciones, "ya que están pueden estar personas con un importante soporte de abogados, y son operaciones en las que hay que tener lo ilícito civil y lo penal".

No obstante, el experto policial advierte del riesgo de criminalizar el sector, pues se trata de una actividad económica en la que los empresarios asumen muchos riesgos y que están a merced de las coyunturas del mercado. "Un constructor puede tener ciertos apuros económicos en un momento puntual y que tenga que esperar a los resultados de una inversión para cometer otra", explica, "por eso no podemos tomar a la ligera y satanizarlos porque detrás suya hay muchos puestos de trabajo que se pueden destruir".