La concejal de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Cruz de Humilladero del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, aseguró ayer que "siempre" se ha ajustado "escrupulosamente" a la legalidad al realizar contrataciones e incluso afirmó que "ha llegado más lejos de lo que la normativa exige". Sus declaraciones se producen un días después de que se conociera, como adelantó el diario Sur, que la Fiscalía había llevado al juzgado los contratos adjudicados por el área de Servicios Operativos, que gestionó entre 2002 y 2009. Porras dijo que no ha cometido irregularidad alguna y añadió que se alegra de "tener la oportunidad de aclararlo donde corresponde, ante un juez que determinará, tras escuchar su declaración, si admite a trámite el caso o lo archiva". En este sentido, la concejal dijo que la denuncia del PSOE "está basada en hechos inciertos".

La edil dijo que en otros asuntos la Fiscalía "también remite al juzgado documentación y éste acaba archivando el caso"; incluso, agregó, "la propia Fiscalía pide el sobreseimiento de la causa, como se ha comprobado recientemente con Teconsa". En este punto la concejal aprovechó para recordar que hace ocho años el entonces viceportavoz del PSOE, Enrique Salvo, "tuvo que pedirle perdón por haber mentido al acusarle de cometer varios delitos, entre ellos prevaricación". Por último, incidió en que los procedimientos de contratación "no sólo se ajustan a la ley, sino a una normativa municipal -en el caso de los contratos menores- más rigurosa, con un mínimo de tres ofertas". En cuanto a los negociados, "se exige su paso por una mesa de contratación presidida y formada únicamente por técnicos".

En una conferencia de prensa celebrada ahora casi un año, Porras rechazó ayer haber cometido ilegalidad alguna en la contratación entre 2003 y 2008 de decenas de obras menores y de procedimientos negociados. Incluso, señaló que si bien es ella la que firma buena parte de las adjudicaciones, no es ella la que invita a las empresas que concurren a los procedimientos. Porras trató de este modo de salir al paso de las acusaciones de presuntas irregularidades vertidas contra su gestión y que, aluden, entre otros, a la invitación para la adjudicación de actuaciones a tres firmas vinculadas entre ellas. Un extremo que, según dijo de forma contundente la edil del PP, no vulnera la ley de contrataciones públicas. Asimismo, rechazó que desde las áreas que dirige se haya beneficiado a ciertas empresas respecto a otras.

En cuanto a la adjudicación a dedo de numerosas intervenciones en materia de parques infantiles a una empresaria vinculada al PP, dado que fue interventora de esta formación en las elecciones europeas de 2009 e incluso formó parte de su ejecutiva en Campanillas, Porras dijo que ignoraba que fuese militante popular, a pesar de lo cual seguirá realizando contrataciones a la misma.