Presentan un contencioso contra la decisión de la Junta sobre los Baños del Carmen

  • Los empresarios insisten en la desproporción de lo decidido y no poder subsanar el supuesto error

El grupo de empresarios que adquirieron en septiembre del año pasado las acciones de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, entre los que se encuentran los ex concejales del PP Damián Caneda y José Luis Ramos, ha plantado cara a la Junta de Andalucía y ayer cumplieron con su advertencia de demandarla ante los tribunales.

Justo el día en el que terminaba el plazo, los empresarios presentaron el recurso contencioso -administrativo contra la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que en mayo dio carpetazo administrativo al caso al rechazar el recurso de alzada contra la resolución que consideraba "inválida" la operación de compra de la concesión administrativa de este enclave, cuya propiedad fue transmitida de manera presuntamente irregular por los verdaderos concesionarios Vera y Acha por un millón de euros.

Según Caneda, el recurso presentado incide en la desproporción de la medida adoptada por el Gobierno autónomico y resalta la "idoneidad" de este grupo de empresarios para mejorar un espacio "que estaba completamente abandonado cuando llegamos y que hemos demostrado se capaces de revitalizarlo en apenas unos meses".

En ese sentido, confió en que "el juez tenga en cuenta todos estos argumentos alejado de cualquier sectarismo demostrado pro la Junta que ha actuado por un capricho ajeno a la realidad empresarial".

Sin embargo, la Junta de Andalucía considera que no es subsanable ese aspecto e incluso inició el pasado mes el procedimiento para la extinción de la concesión, que vence en 2018. Para ello, basó su decisión en el incumplimiento del artículo 70.2 de la Ley de Costas, por el que se considera motivo suficiente para la extinción el hecho de que la operación de compraventa de las acciones de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen se produjo antes de haber sido notificada a la Administración regional.

La resolución se ampara en que mientras la transmisión de las acciones se formalizó ante notario el 30 de septiembre del año pasado, la comunicación de esta operación a la Junta no se produjo hasta los días 14 y 15 de octubre siguientes. Los empresarios estudian también ir a los tribunales si finalmente se sigue adelante con la extinción.

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