La instructora de la operación Astapa contra la corrupción urbanística en Estepona dictó ayer las primeras órdenes de prisión incondicional sin fianza relacionadas con este caso. A media tarde, la juez Isabel Conejo decretó el ingreso en la cárcel del ex edil del GIL y fundador del Partido Estepona (PES), José Ignacio Crespo, y del ingeniero municipal de Obras Púbicas Javier Wittmeur, también vinculado al partido independiente creado por los ex gilistas para concurrir a las elecciones de 2003.

Crespo, heredero del GIL en Estepona y ex primer teniente de alcalde del municipio entre 2003 y 2007 con el PES tras un pacto firmado con el alcalde socialista, Antonio Barrientos, fue detenido la noche del martes al llegar de viaje, después de pasar unos días con unos amigos en Murcia. Abogado madrileño, Crespo arribó en Estepona de la mano de Jesús Gil Marín y su estrecha relación con la familia Gil hizo que el patriarca, Jesús Gil, le confiara la organización de la campaña electoral de 1999. Llegó a ser el candidato frustrado a la Junta de Andalucía del GIL. Su hermana Ana María Crespo también ha caído en el marco de la operación Astapa y está en libertad provisional bajo fianza de 30.000 euros y acusada de blanqueo de capitales y cohecho.

El edil del PES, en la oposición desde las últimas elecciones de 2003, llegó ayer a los juzgados con la cara tapada. La juez le imputa los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, según fuentes judiciales.

Javier Wittmeur, que llegó a las dependencias judiciales con la cara descubierta y aparentemente poco afectado, está acusado por la instructora de falsedad documental, fraude y malversación.

Crespo y Wittmeur fueron trasladados al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona por la mañana, junto al arquitecto municipal Arturo Cebrián y el abogado Manuel Barroso, que es administrador único de la sociedad Ausol Estepona 2000, a la que recientemente se le adjudicó el servicio del depósito municipal de vehículos. Precisamente, Los Verdes de Estepona anunciaron hace apenas dos semanas que estudiaba recurrir la concesión porque la consideraba "sospechosa". La empresa, presuntamente, se constituyó el pasado 25 de abril, sólo un día después de la publicación del concurso de acondicionamiento, gestión, explotación y vigilancia del depósito municipal de vehículos, según Los Verdes. La mesa de contratación estuvo presidida por el edil de Hacienda, el socialista Francisco Zamorano, también detenido en esta operación. El abogado Juan Simón, primo del jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores, también detenido, fue trasladado a los juzgados, aunque la juez decidió posponer su declaración hasta hoy. Simón es socio de Barroso en un bufete.

Barroso y el arquitecto municipal Arturo Cebrián declararon por la tarde y al cierre de esta edición, la juez aún no había decidido sobre su situación procesal. Lo mismo ocurrió con la edil socialista Asunción López, responsable de Cultura y Fiestas. Como en el caso anterior, al cierre de esta edición aún no había emitido ningún auto.

El otro grupo al que la juez tenía previsto tomar declaración a última hora de la tarde eran las ediles de Playas y Educación, Marisa Rodríguez y Mariví López, respectivamente, y Pedro López, que fue gerente de Urbanismo con el PES durante el anterior mandato.

Las ocho declaraciones de ayer se suman a las 13 que tuvieron lugar entre el martes por la tarde y el miércoles. Ese día, pasada la medianoche, la instructora dictó libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros para el constructor Antonio Bazán, propietario de la empresa Agrojardín, que está acusado provisionalmente de los delitos de fraude y malversación de caudales públicos. Para el técnico municipal Ignacio de la Hoz, imputado por presunto fraude y malversación, decretó libertad con fianza de 50.000 euros. Ambos están obligados a comparecer en el juzgados los días 1 y 15 de cada mes y tienen prohibido abandonar el país.

Estas resoluciones judiciales se dictaron inmediatamente después de emitir los autos de los hermanos Félix y Vicente Delgado, propietarios de la constructora local Codelsa, a los que se fijó una fianza de 100.000 euros y están acusados de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. De momento, la fianza más elevada ha sido la del ex consejero delegado de la promotora Valle Romano, Luis Fernando Linares, de 500.000 euros. Tenía un plazo de tres días para abonarla desde el miércoles. Linares está imputado por los presuntos delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias.