Salió del hospital a primera hora de la mañana y terminó en la cárcel de Alhaurín de la Torre apenas unas horas después, acusado de 52 delitos. El Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos decretó ayer prisión provisional sin fianza para Jesús G. R., el conductor del todoterreno que presuntamente provocó el accidente de autobús ocurrido el pasado día 19 de abril y en el que murieron nueve personas y otras 41 resultaron heridas, la mayoría de nacionalidad finlandesa.

El imputado, de 28 años, llegó a los juzgados de Torremolinos a las 11:20 de la mañana con un collarín y todavía andando con dificultad.

Camionero de profesión y de gran corpulencia, Jesús fue acompañado de su padre, de su abogado, Pedro Apalategui, así como de algún otro familiar, aunque ninguno quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación allí congregados.

Una hora y media después, abandonaba la sede judicial en un coche de Policía, con dirección a la cárcel de Alhaurín de la Torre.

A falta del informe definitivo de la Guardia Civil, la juez le imputa en su auto un posible delito de conducción temeraria, otro de conducción bajo los efectos del alcohol, nueve delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y 41 delitos de imprudencia grave con resultado de lesiones, según confirmaron fuentes judiciales.

Se trata de los mismos delitos planteados por el fiscal de Seguridad Vial, Javier de Torres, en su calificación provisional de los hechos, en la que también pedía prisión provisional.

De Torres descarta hacer cualquier estimación de los años de cárcel que puede suponer la acumulación de estos 52 delitos. "Es muy precipitado porque depende de que sea concurso ideal o real; todavía es pronto para decidirlo y las penas de uno a otro variarían muchísimo", dijo ayer a su salida de los juzgados.

La juez descartó la posibilidad de dejar al acusado en libertad con fianza, al considerar que existe riesgo de fuga por el hecho de ser conductor de transporte de mercancías, por la gravedad de los delitos que se le imputan y las largas penas que se podrían derivar de ellos, según se desprende del auto judicial. El documento insiste en que la medida es provisional y que podría cambiar en función de cómo avance la investigación.

El fiscal de Seguridad Vial también advirtió de los problemas que supondría una posible huida por las reclamaciones civiles o indemnizaciones. "Queremos hacer hincapié en la necesidad de proteger a las víctimas; se ha hecho un gran esfuerzo en el ámbito de las responsabilidades civiles y penales", dijo.