La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga intenta juzgar por quinta vez a partir de mañana a los miembros de una organización acusados de blanquear entre 1997 y 2000 unos 136 millones de euros -ellos operaban entonces en pesetas- procedentes del narcotráfico. Para lavar el dinero usaron una red de oficinas de cambio ubicadas en varios municipios de la Costa del Sol, según la calificación provisional de la Fiscalía, que reclama una pena de 97 años de prisión para las 18 personas que se sentarán en el banquillo de los acusados durante toda la semana.

La vista se señaló por primera vez para abril de 2005 y se ha suspendido hasta cuatro veces por distintos motivos. El Ministerio Público sitúa al frente de la banda a David Cerezo, que, según se comprobó, mantenía numerosos contactos personales y telefónicos con extranjeros que "habían sido detenidos, y en ocasiones, acusados y condenados por delitos contra la salud pública".

El acusado y su compañera sentimental, también imputada, disponían de varios establecimientos de cambio de divisas en Marbella y de otro en Fuengirola. También tenían locales de este tipo el hermano de Cerezo y la novia de éste, también acusados. Durante esos años, el principal imputado se rodeó de personas de confianza para presuntamente tejer la red con la que enmascarar las operaciones ilícitas.

Precisamente, la investigación se inició tras la denuncia presentada en la Comisaría de Málaga por uno de los acusados, el titular de una agencia inmobiliaria de Málaga al que Cerezo le propuso utilizar sus cuentas para transferir "elevadas" sumas de dinero al extranjero, según la Fiscalía. Pero surgieron problemas que enemistaron a los socios, con amenazas de muerte por parte del principal imputado si el empresario, que incluso fue retenido por unas horas, no le devolvía 180.000 euros. Ese fue el origen de la operación.

El Ministerio Público imputa a 13 de los miembros de la red como autores de un delito de blanqueo y a otros cinco como cómplices. A Cerezo también lo acusa de detención ilegal y amenazas. Le pide un total de 15 años de cárcel.