Málaga

Reprueban a Bustinduy y Salvo por el caso de la madre del alcalde

  • El PP usa la mayoría absoluta para poner en evidencia "la falta de dignidad política" de ambos ediles · La portavoz del PSOE acusa a De la Torre de revanchismo

La Dehesa del Garabato y la denuncia sobre el presunto trato de favor a la madre del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, volvió a centrar el debate plenario celebrado ayer en el Ayuntamiento de Málaga. Dieciséis meses después de que este asunto fuese objeto de un debate extraordinario en la Casona del Parque, el equipo de gobierno del PP aprovechó su mayoría absoluta para aprobar la reprobación pública de la portavoz y el viceportavoz del PSOE, Marisa Bustinduy y Enrique Salvo, "por su falta de dignidad política" al acusar al regidor de beneficiar a su pariente.

El paso adoptado por los populares, que presentaron una moción urgente, se produce después de que la Audiencia Provincial de Málaga confirmase la condena por intromisión en el derecho del honor de De la Torre. A este respecto, la portavoz del PP, Carolina España, acusó a los dos implicados de "mentir" y les recordó que en política "no vale todo". Tanto PSOE como IU votaron en contra de la iniciativa.

España consideró que los dos ediles "eligieron el camino de la mentira, la calumnia y el engaño; una práctica fuera de los límites", al tiempo que les instó a que pidiese perdón por su comportamiento. Frente a estos argumentos, Bustinduy estimó que la moción evidencia "la manipulación" del PP y criticó su actitud "revanchista", al tiempo que le recordó al alcalde que su denuncia se presentó a título personal. A este respecto, De la Torre desvinculó la iniciativa de "un propósito electoral".

De otro lado, el Pleno aprobó por unanimidad una moción institucional para declarar como "objetivo permanente y prioritario" la mejora de la subestación eléctrica de Los Ramos y su entorno, contemplando su traslado y el soterramiento de las líneas de alta tensión. En este sentido, se insiste en la necesidad de contar con la participación de los gobiernos andaluz y central, así como de las empresas Sevillana-Endesa y Gas Natural.

Las primeras estimaciones realizadas indican que los trabajos de desplazamiento de estas instalaciones pueden suponer un coste de entre 70 y 90 millones de euros.

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