La herida es sutil, pero no tanto como para que las defensas dejen escapar la oportunidad de hurgar en ella. La declaración ayer como testigos del caso Malaya de la cúpula policial que dirige en España la investigación de los delitos económicos y del inspector que ejerció de "nexo de unión" entre la unidad de delitos fiscales y de blanqueo (UDEF-Bla) de la Comisaría General de Madrid y la Udyco Costa del Sol fue aprovechada por los abogados para dejar entrever disensiones internas y supuestas sombras en las pesquisas.

La abogada Rocío Amigo sugirió que se ha perdido el rastro de una de las 14 bridas con documentación de Juan Antonio Roca intervenida en el registro de un trastero de su propiedad, en el edificio Poseidón de Marbella. La letrada que representa al supuesto cerebro de la trama de corrupción política y urbanística preguntó al inspector de Madrid que durante la operación Malaya fue trasladado a Málaga oficialmente para reforzar a la Udyco por qué si los papeles hallados en el trastero se empaquetaron en 14 bridas, sólo 13 fueron remitidas a la Agencia Tributaria para su escaneo. "No lo sé" fue la respuesta del agente.

Tampoco pudo recordar quién se encargó en el trastero de seleccionar la documentación para bridarla (sistema de empaquetado usado por la Policía para garantizar que no se agreguen con posterioridad documentos) ni si el juez de instrucción, Miguel Ángel Torres, tuvo que ordenar que esos papeles se pusieran a disposición de la Udyco Costa del Sol.

La abogada de Roca presumiblemente pretendía con esta cadena de preguntas avivar el rescoldo más inquietante del caso Malaya en torno a posibles implicaciones de mandos policiales. Nunca se ha avanzado nada en esa dirección. El juez instructor, Miguel Ángel Torres, ordenó investigar las siglas J. A. G. halladas en un documento intervenido en el trastero de Roca, que coinciden con las del comisario general de la Policía Judicial Juan Antonio González, pero las diligencias fueron archivadas al no poder determinarse a qué identidad correspondían. A raíz del registro del trastero las tensiones entre los investigadores de Madrid y Málaga alcanzaron su punto álgido y poco después los jefes del grupo de la Costa pidieron su traslado a una comisaría de distrito.

La letrada reforzó esta línea argumental con la búsqueda de defectos de forma. En este sentido interrogó al entonces comisario jefe de la UDEF-Bla, Alfredo Cabezas, y al comisario jefe de la brigada de delincuencia económica y fiscal, José Luis Olivera, sobre la fecha en la que la unidad de la Comisaría General que mandaban comenzó a investigar el caso Malaya. Ambos coincidieron en señalar que aquello fue entre noviembre y diciembre de 2005 y a instancias de la Udyco Costa del Sol que les había pedido refuerzo.

El comisario Olivera explicó que llegaron a derivar entre 30 y 40 hombres dada la magnitud de las pesquisas. Sin embargo, no precisaron el día exacto y la abogada de Roca se esforzó en hacer ver que la UDEF tomó las riendas de una investigación, cuya exclusividad hasta entonces había sido de la Udyco, sin que el juez de instrucción Miguel Ángel Torres fuese informado a tiempo.