Roca usa en su defensa las escuchas ilegales grabadas a un comisario

  • El tribunal del caso Malaya rechaza esta prueba que inicialmente había aceptado al constatar que el Tribunal Supremo la había declarado nula por falta de motivación

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Las intrigas policiales que condujeron al comisario Valentín Bahut al banquillo de los acusados amenazan ahora el caso Malaya. La defensa de Juan Antonio Roca exhibió ayer conversaciones telefónicas del 8 de noviembre de 2005 entre el comisario Bahut y sus subordinados, declaradas ilegales hace un año por el Tribunal Supremo. Para la abogada de Roca estos diálogos reflejan que existió "connivencia" entre la Policía y el juez instructor para comenzar a investigar antes de que se formalizara el inicio del procedimiento judicial. Y de acuerdo con su estrategia esta supuesta confabulación avala la tesis de que el magistrado Miguel Ángel Torres se apropió de una investigación que no le correspondía. En definitiva, que vulneró el derecho constitucional al juez natural predeterminado por la ley y que, por tanto, la investigación es nula.

En noviembre de 2005 Valentín Bahut era el comisario de la Udyco Costa del Sol. Era el mando policial al que reportaba directamente el grupo tercero de blanqueo que investigaba a Juan Antonio Roca. Pero también era investigado por sus propios compañeros y acabó siendo acusado de favorecer a un confidente en busca y captura. De hecho, durante cerca de un año su móvil estuvo pinchado a propuesta de la brigada de asuntos internos. El comisario Bahut finalmente fue absuelto por el Tribunal Supremo en una sentencia que determinó que la intervención de su teléfono fue ilegal porque faltaba una exposición de motivos suficiente que justificara una medida tan drástica.

La abogada de Juan Antonio Roca aireó ayer precisamente esas conversaciones telefónicas grabadas al comisario Bahut y declaradas ilegales por el Tribunal Supremo. En la primera, correspondiente al 8 de noviembre de 2005, se da cuenta de una llamada realizada a las 20:33 por Rafael del Pozo, el jefe de la Policía Local de Marbella, también acusado en Malaya. Le preguntaba al comisario por unos vehículos sospechosos que había detectado en las inmediaciones de Planeamiento 2000, donde Juan Antonio Roca tenía su oficina municipal.

El comisario se sacudió la pregunta como pudo y le respondió que investigaban a un grupo de argentinos por tráfico de drogas. Sin embargo, transcurridos sólo tres minutos llamó por teléfono al entonces jefe de sección de blanqueo de capitales, el hoy comisario Rafael Madrona, para pedirle que acudiera a su despacho junto con el inspector jefe del grupo tercero. También le ordenaba la retirada inmediata de "la gente" de Marbella tras constatar que habían sido descubiertos. En ningún momento en ese diálogo se menciona a Roca ni a ninguna otra persona, pero la defensa afirma que ese 8 de noviembre, antes de que se abrieran las diligencias previas, ya se estaba investigando Malaya. Los agentes que han declarado hasta ahora en el juicio han reconocido que nada más comenzar la investigación fueron detectados por la Policía Local, pero siempre han mantenido que la investigación del caso Malaya no comenzó hasta que el juez de instrucción abrió las diligencias y eso no fue hasta el 12 de noviembre de 2005.

La segunda conversación que salió ayer a relucir tuvo lugar el 15 de noviembre de ese año. De acuerdo con el resumen que hizo la letrada Rocío Amigo en la sala, Bahut habló dos veces esa mañana con un empleado de banca al que le pidió que le proporcionara la información y los números de teléfono que tuviera a su disposición de Juan Antonio Roca, su familia y chófer. Por la tarde obtuvo esa información y seguidamente la puso a disposición del jefe del grupo tercero.

Llegado este punto del relato esbozado durante el interrogatorio que Rocío Amigo realizó al ex jefe del grupo tercero de blanqueo de la Udyco, el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero saltó como una espoleta para exigir a la letrada que explicara dónde había obtenido la transcripción de esas conversaciones telefónicas. La letrada recordó que las había aportado hacía dos semanas, que el tribunal que preside el magistrado José Godino las había aceptado como prueba y que ninguna parte se había opuesto.

Entonces el fiscal expuso su sospecha, luego confirmada, de que procedían del procedimiento anulado contra Valentín Bahut y que no se habían aportado a Malaya por el cauce previsto en la ley (exhorto al órgano judicial responsable de aquella causa). Llegado este punto las demás defensas respaldaron en bloque a Rocío Amigo. La primera fue el abogado Antonio Ruiz Villén, letrado del promotor Tomás Olivo en Malaya y en su momento del comisario Valentín Bahut quien, tras aclarar que él no había sido la fuente que había proporcionado el material a la abogada de Roca, subrayó que el Supremo anuló las escuchas por falta de motivación, no porque su contenido fuese falso y que es apropiado, aún cuando hayan sido declaradas ilegales, usarlas en una causa si pueden favorecer a un acusado. Los demás letrados hicieron suyos estos argumentos.

El tribunal primero aceptó las grabaciones aunque ante las reiteradas protestas del fiscal argumentando que una prueba declarada ilegal no puede ser utilizada optó, tras unos minutos de deliberación, por rechazarla. Llegado ese punto se levantó la más fenomenal polvareda de las muchas que hasta ahora ha creado el juicio por el caso Malaya. Las demás defensas vieron la oportunidad y se tiraron en plancha para oponerse a la negativa del tribunal a aceptar las conversaciones grabadas ilegalmente al comisario Bahut.

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