Juan Antonio Roca mantuvo bajo vigilancia al letrado José María del Nido, entre otros abogados, empresarios y periodistas. El jefe del grupo de Blanqueo de la Udyco de Málaga que hasta el verano de 2006 dirigió la investigación del caso Malaya contra la corrupción en Marbella indicó ayer en el juicio que la existencia de un sistema de contravigilancia para proteger los intereses del entonces asesor de urbanismo de las injerencias de la Policía era más que una conjetura, a la vista del "dominio del entorno social" y el "control sobre los servicios municipales" que ejercía Roca. Por eso, el juez instructor pidió "sigilo" a los investigadores cuando los citó un sábado en su despacho para entregarles en mano la orden para que comenzaran las pesquisas.

El convencimiento de que el ex asesor de urbanismo de Marbella contaba con medios destinados a detectar cualquier movimiento contrario a sus intereses se vio confirmado la noche que un equipo policial dirigido por el juez registró el trastero del edificio Poseidón, donde se ubicaba la vivienda familiar de los Roca. Allí apareció el "dossier Bernar" que "describía vigilancias y contra vigilancias a periodistas de El Mundo, empresarios y abogados" que supuestamente había encargado el supuesto cerebro del caso Malaya . El agente detalló que entre otras personas figuraban José María del Nido.

¿Por qué tenía interés Roca en conocer los movimientos de Del Nido? Nada de esto se dijo ayer en la vista oral, aunque cabe recordar que era abogado de confianza del ex alcalde Julián Muñoz en la época en la que decidió destituir a Juan Antonio Roca en su cargo como gerente de urbanismo, poco antes de que se precipitara la moción de censura que lo desalojó del poder. Precisamente ahora, José María del Nido y Juan Antonio Roca comparten banquillo en el caso Minutas por el que el primero es juzgado por supuestos cobros fuera de control en el Ayuntamiento de Marbella y el segundo por pagos a éste durante su etapa al frente de Planeamiento 2000.

El otro nombre que de acuerdo con la declaración del inspector que dirigía al equipo de la Udyco en el caso Malaya figuraba en el dossier Bernar intervenido en el trastero del edificio Poseidón fue el del promotor Pedro Rodríguez, presidente durante años del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella. El mando policial indicó que este sistema de protección arropaba el entorno de la sede de Planeamiento, sociedad de la que era gerente Juan Antonio Roca, e incluía "puntualmente" información "con fotografías, matrículas y antecedentes penales". En definitiva, el dossier "reforzó" las sospechas iniciales de que esta era una investigación compleja en la que todas las precauciones eran pocas.

El entonces jefe del grupo tercero de blanqueo de capitales de la Udyco Costa del Sol justificó la "complejidad" del caso Malaya desde el primer momento no sólo en los indicios de delitos contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y prevaricación que apuntaba la denuncia interpuesta por la Fiscalía tras la declaración incriminatoria prestada en otro caso por el jefe de los servicios jurídicos de urbanismo, Jorge González, sino también en el hecho de que se presumía "connivencia" de los miembros del equipo de gobierno cuando votaban en la comisión de Gobierno siguiendo los criterios que se planteaban desde urbanismo, la existencia de procedimientos judiciales y hasta condenas contra los concejales y el hecho de que aún cuando Juan Antonio Roca no era "cargo electo", "funcionario" ni pertenecía al cuerpo de habilitados de carácter nacional, "controlaba absolutamente el urbanismo". Desde este punto de vista, el exasesor de urbanismo actuaba como si usurpara "la voluntad popular, ya que sin ser cargo electo, tomaba decisiones como si fuera el alcalde", circunstancia que para la Policía revestía una "extrema gravedad".

Rocío Amigo, abogada de Juan Antonio Roca, se empleó a fondo a lo largo de toda la mañana en interrogar a este inspector jefe al que reprochó que se les encomendara una investigación sobre delitos de tráfico de influencias, ordenación del territorio y prevaricación y la Policía la ampliara a cohecho y blanqueo. Desde este punto de vista, el agente indicó que desde el primer informe se tuvo en cuenta el posible lavado de capitales de origen ilícito porque "para mí detrás de una reiteración de delitos contra la ordenación del territorio en cualquier ente local incluye indiciariamente delitos económicos que llevan al blanqueo" .

La legalidad de las formas ocupó buena parte del interrogatorio de la letrada que volvió a poner de manifiesto la existencia de irregularidades en las intervenciones telefónicas, desde el momento en que se extendieron mandamientos judiciales para que una compañía pinchara un teléfono y, sin embargo, supuestamente fue interceptado por otra. Además, precisó que uno de los teléfonos estuvo cerca de un mes intervenido sin respaldo judicial. Los registros fueron el segundo punto abordado. La letrada sugirió que los agentes entraron en la finca La Caridad antes de que el juez lo ordenara.