Román insiste al juez en que sus negocios eran lícitos

  • El ex primer teniente de alcalde de Marbella en la era Gil se desliga de cualquier infracción

El ex primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Marbella y "sonrisa amable" del régimen gilista, Pedro Román, volvió ayer a hacer gala de sus modales exquisitos durante la declaración indagatoria que tuvo lugar en el Juzgado de Instrucción número 5.

Román, procesado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, contra la ordenación del territorio y fraude a la Hacienda Pública, reiteró ante el instructor del caso Malaya, Óscar Pérez, que todas las operaciones financieras y urbanísticas que desarrolló desde varias sociedades de su propiedad tenían un "origen lícito", según indicaron a este respecto fuentes judiciales.

En su comparecencia, el ex primer teniente de alcalde aprovechó para negar tajantemente que haya cometido alguna infracción penal, y para decir que su hija, Pilar Román, también procesada en la causa, no tenía conocimiento de sus negocios, a pesar de que la instó a que apareciese como administradora única en una de sus sociedades. Ésta también declaró ayer y apuntó que su participación en el proyecto Inversiones Paduana S.A. se limita a una firma que su padre le solicitó.

A preguntas de las defensas de otros procesados, el ex concejal del GIL explicó que era el desaparecido Jesús Gil quien realmente tenía el control sobre los convenios urbanísticos que firmaba el Consistorio, aunque también dejó claro que desde hace más de 10 años no tiene vinculación con la administración local.

En la jornada de ayer también declaró en las indagatorias el abogado Juan German Hoffmann, procesado por un delito de blanqueo de capitales con carácter continuado y pertenencia a organización, debido a que está considerado por los investigadores como el presunto testaferro del ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, en los paraísos fiscales.

Hoffmann, que permaneció en prisión más de tres meses y quedó en libertad bajo fianza de 150.000 euros, se ratificó en sus anteriores declaraciones y mostró su disconformidad con el auto de procesamiento y algunas valoraciones "equivocadas" que se hacen en los informes policiales, según apuntó su abogado, José Manuel Vázquez.

Otras fuentes próximas al caso señalaron que el presunto testaferro de Roca le comentó al juez Pérez que las operaciones financieras o urbanísticas en las que participó no tenían un origen ilícito, ya que algunas de ellas hasta contaban con el visto bueno del Banco Suizo porque se ajustaban a la legislación helvética.

Por otra parte, el bloque de indagatorias de ayer fue cerrado con el ex comisario de Policía Nacional, Florencio San Agapito, procesado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, fraude a la Hacienda Pública y contra la ordenación del territorio. El ex policía, que quedó en libertad hace unos meses tras depositar una fianza de 500.000 euros, se ratificó en su anterior declaración y se negó a contestar nuevas preguntas.

El magistrado agrupó a estos cuatro procesados porque en el auto de procesamiento se apunta a que Román tendría relación, a través de la empresa Yambali 2000 SL, con el ex comisario, aunque ambos vendieron sus participaciones en 2002 cuando Hoffmann fue sustituido como administrador único de la misma por el promotor José Ávila Rojas.

También se investiga si el ex primer teniente de alcalde, que actualmente se encuentra en tercer grado penitenciario, propuso a Hoffmann la unión de varias sociedades para comprar un avión, y por qué éste último está presente en la sociedad inmobiliaria El Ángel de Tepa.

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