La Seguridad Social acusó ayer al promotor Enrique Faura, máximo responsable del grupo Mirador, de financiar sus inversiones inmobiliarias entre 2002 y 2008 con fondos que debía haber utilizado para afrontar el pago de las cuotas. En el juicio por presunto fraude e insolvencia punible, el letrado de la Tesorería afirmó que las empresas que forman parte de la corporación eludían a conciencia utilizar la liquidez que le reportaban sus negocios para saldar las deudas, mientras que los trabajadores pasaban de una sociedad a otra a medida que crecía el débito, teniendo cuidado de que no dependieran de aquellas entidades en las que se concentraba el patrimonio, con la presumible intención de evitar un potencial embargo.

La Fiscalía, que reclama a Enrique Faura y a su hermano Leopoldo seis años y medio de cárcel, multa de 18 meses con una cuota diaria de 50 euros y cuatro millones de multa, mantiene que diseñaron una "estrategia" para eludir el pago de la Seguridad Social, de modo que los empleados, aunque trabajaran indistintamente para todas las empresas y cobraran de cualquiera de ellas, sólo estaban dados de alta en cuatro sociedades que eran, precisamente, las que tenían menos capital social y si tenían patrimonio resultaba difícil de intervenir por arrastrar ya muchas cargas o tener bienes proindiviso.

Es más, tanto la Seguridad Social como la Fiscalía subrayaron que una de estas sociedades (CYO Ingeniería) ni siquiera estaba a nombre de ellos, sino que formalmente aparecían como administradores por dos trabajadores.

De esta forma Mirador acumuló entre agosto de 2002 y junio de 2008 una deuda superior a los 2,6 millones de euros, pese a que en este periodo habían llevado a cabo varias operaciones, como una venta de suelo en septiembre de 2006 que le reportó seis millones de euros que "no utilizó para liquidar la deuda".

El promotor Enrique Faura, que se atribuyó la responsabilidad absoluta en la dirección del grupo, hizo una lectura diametralmente opuesta de los hechos. Reconoció que efectivamente en ese tiempo había acumulado un importante deuda con la Seguridad Social que respondía "a tensiones puntuales de tesorería en la empresa". La prueba, de acuerdo con su versión, reside en que los impagos se concentran en periodos determinados, porque en todo este tiempo llegó a pagar cinco millones de euros a la Seguridad Social.

Según la declaración que prestó ayer en el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga, mantenía una relación colaborativa y fluida con la Seguridad Social que le permitió negociar varios expedientes de aplazamiento de las cuotas atrasadas, hasta que en 2005, "de repente cambió" el criterio de la Tesorería y ya no acepetaba como garantías ni fincas ni avales que no alcanzaran el total de la deuda. Pero tampoco sacó a subasta los bienes de Mirador que tenía trabados, de modo que, según Enrique Faura, aquellos embargos "ahora han caducado".

Respecto al entramado empresarial explicó que ante el volumen de sociedades que tenía comenzó a agruparlas en torno a la empresa Valle del Rosario, aunque esta integración finalmente no llegó a ejecutarse, mientras que la decisión de crear una sociedad a nombre de terceros tenía la lógica de evitar "la acumulación de riesgos" porque el negocio crecía y esto dificultaba la negociación con los bancos.

Finalmente, justificó el trasvase de trabajadores de una sociedad a otra en las particularidades del negocio de la construcción. "Las cuadrillas son familias, gente del mismo barrio y van pasando todos juntos de una obra a otra".