El concurso público en la Diputación de Málaga para cubrir tres plazas de directores generales de distintas áreas de la Corporación provincial continúa sembrando dudas a su alrededor. Para los sindicatos la convocatoria es una forma de "colocar en la administración a gente cercana al partido que gobierna", en este caso el PP, y las bases de las plazas están creadas ad hoc para "perfiles concretos que ya tienen buscados". Así lo expresó ayer Antonio Vázquez, el secretario general de UGT en la institución, quien tachó el procedimiento de "tomadura de pelo". La convocatoria está prevista para funcionarios de carrera pero se podrán presentar también personas procedentes del ámbito privado, siguiendo el reglamento de la Diputación, modificado en 2014.

"La ciudadanía piensa que están recortando asesores, pero mientras dicen eso, por otro lado están abriendo la puerta de la Diputación a directores generales que, en definitiva, son como asesores", sostuvo Vázquez. De ahí, insistió, la "indignación" entre los trabajadores que, "en su día tuvimos que hacer un sacrificio". "Ahora resulta que para esto no se mide la austeridad; la verdad es que resulta indignante", apostilló, indicando dentro del capítulo de gastos de personal hay previstos unos 240.000 euros para cubrir estos puestos de alta dirección. "No puede haber dinero tan alegremente para unas cosas y para otras que son necesarias no haberlo", afirmó, incidiendo en que estos puestos no son necesarios porque "esas tareas las han desempeñado siempre funcionarios de la casa".

Por último, Vázquez recordó que estas tres plazas (y otra más de similares características que aún no se ha convocado) se aprobó el anterior mandato a pesar del informe negativo del interventor de la institución. También criticó que el proceso de concurso se hace de espaldas a los sindicatos porque, según explicó, no hay capacidad de negociación para este tipo de actuaciones. "Ellos solo informan a los sindicatos y las plazas las cocinan dentro de Recursos Humanos", subrayó, en alusión a que las personas serán designadas "discrecionalmente" por la diputada de este área, María del Pilar Fernández-Figares.

De esta forma, explicó que en la mesa general los sindicatos rechazaron dicha convocatoria, y advirtió de que sus asesores jurídicos estudiarán si, en la medida en que el mismo "afecta a la relación de puestos de trabajo", los sindicatos no tienen "derecho a supervisar para garantizar la transparencia".