VIVIMOS en un país donde nuestro sistema político ha diseñado desde hace ya mas de treinta años un modelo de protección social hasta esa fecha casi inexistente. En este tiempo no hemos conseguido acercarnos a nuestros socios europeos, y aquí, en España, la pensión media de jubilación ronda los 874 euros, cantidad que está muy por debajo de las cifras que se manejan en la llamada Comunidad Económica Europea.

Esta situación nos posiciona frente a nuestros mayores y frente a nuestros homólogos europeos, donde los primeros se ven obligados a malvivir en la última etapa de su vida, y donde los segundos nos llaman la atención por la inestabilidad de los sistemas de protección elegidos. Los datos son inamovibles, ya que más de 250.000 personas y por tanto 250.000 familias esperan a día de hoy a que este modelo instaurado en nuestro país les proporcione una solución. La mayoría de los grandes dependientes son ancianos o personas con discapacidad severa, donde algunos de ellos, y no pretendo ser alarmista, fallece sin que las ayudas se hayan tramitado a tiempo.

La media de espera para lograr ese apoyo se sitúa entre 12 y 18 meses durante los cuales se han de completar una larga serie de trámites administrativos. Siendo además los familiares los que han de hacer verdaderos malabares para compaginar sus situaciones laborales con las personales de atención a sus seres queridos, donde muchas de las veces requieren atención durante las 24 horas del día.

Los centros de atención a grandes dependientes, bien sean de carácter publico o privado, ven cómo sus usuarios hacen colas de admisión que no coinciden con el nivel de necesidad de la misma, y como tampoco se adecuan a los poderes adquisitivos de estos, ya que los privados son excesivamente caros y los públicos se ven desbordados por usuarios con mas necesidades económicas, dejando a la inmensa mayoría de la sociedad, lo comúnmente llamado clase media en un limbo de difícil ubicación, ya que por un lado se excluyen por imposibilidad económica y por otro se relegan a interminables listas de espera.

Parecería injusto culpar a la aplicación de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia estas situaciones, ya que se supone como lógico que ha de pasar cierto tiempo para que se estructuren los mecanismos de acción idóneos para que estas situaciones no se sufran.

Si bien parece que queremos darnos cuenta de esta situación ahora, y volcar para bien o para mal en este sistema de protección una situación que existe desde siempre, y es que la protección social de la que han gozado desde los orígenes nuestros ahora llamados dependientes ha rozado la vulgaridad, o mejor dicho, ha vivido en el mayor de los olvidos, haciendo mal vivir a quien durante decenas de años ha luchado por los derechos y libertades de quienes hoy osamos plasmar sobre un papel la situación que impotentes observamos.