"Algo está podrido en el estado de Dinamarca", dice Marcelo en Hamlet. Una sentencia que, lejos de la ficción literaria suele emplearse para describir las inmundicias de la vida cotidiana y aplicarse con contundencia a las no siempre claras gestiones en el seno de las administraciones públicas. Una máxima, la de Marcelo, que en el último año y medio han aplicado en más de una ocasión los dirigentes del PP para denunciar situaciones sospechosas en el uso del dinero destinado a las subvenciones públicas por los ya ex responsables de la Diputación provincial. Los ahora gobernantes de la institución llevan meses apuntando posibles irregularidades por parte de IU cuando, al frente del Área de Cooperación Internacional, otorgó de forma directa 1,6 millones en ayudas al Fondo Andaluz de Municipios de la Solidaridad Internacional (Famsi), colectivo que acabó contratando al exdirector del organismo que otorgó esas ayudas.

Los interrogantes generados el pasado mandato no se quedan en el espectro político, sino que traspasa la frontera hacia el ámbito judicial después de que la Fiscalía de Málaga haya abierto diligencias de investigación, según informó la pasada semana el portavoz del PP en la institución, Francisco Salado. Queda por ver si el fiscal cree que hay indicios de delito.

¿Dónde residen las sospechas? La esencia de lo denunciado hasta la fecha pone en cuestión vínculo de IU con el colectivo al que concedía las subvenciones, bien es cierto que previo paso por las respectivas comisiones informativas. Ejemplo de ello es que Andrés Falk, exresponsable de cooperación, acabó siendo contratado por Famsi tras abandonar el área. Según indican desde IU tras superar un proceso de selección, Falk, según consta en el organigrama que Famsi tenía en octubre de 2006, era responsable de la oficina técnica de este federación en Málaga, época en la que, según datos de la institución supramunicipal, formaba parte de la Oficina de Cooperación Internacional y Derechos Humanos.

"Lo que queda demostrado es que el dinero de las subvenciones que se otorgó el pasado mandato no eran en materia de solidaridad, sino un chiringuito claro de IU para colocar a su gente en las asociaciones paralelas", denunció el portavoz popular, para el que es claro que el fin de las aportaciones no era el de "ayudar la gente del tercer mundo", sino beneficiar a colectivos como Famsi. Sea como fuere, en el seno del equipo de gobierno del PP se elude hablar de ilegalidad en el procedimiento seguido, camino ahora en manos del fiscal. Pero lo ocurrido pone de relevancia el cuanto menos sospechoso uso que los partidos al frente de las administraciones tienden a hacer del dinero reservado para subvenciones. El análisis de las ayudas concedidas entre 2007 y 2011 por el departamento dirigido por la coalición de izquierdas eleva a 1,6 millones de euros las aportaciones directas realizadas por la institución provincial a este colectivo, sin que las mismas tuviesen que ser "garantizadas".

En este paquete se incluyen importantes cantidades destinadas fundamentalmente al pago de las nóminas del personal, el alquiler de su sede en la capital de la Costa del Sol y otros gastos de mantenimiento. En 2008, Famsi obtuvo una ayuda de 178.212 euros para la iniciativa Fortalecimiento del papel de los municipios andaluces en la cooperación internacional: cooperación descentralizada e implementación de políticas de inclusión social y democracia participativa. Pero tras el título, lo que se escondía era un desglose curioso: 65.000 euros se emplearon en viajes, dietas, traslados e inscripciones en diferentes congresos, y otros 66.312 euros a pagar los salarios de los técnicos contratados para su ejecución. A ello se suma la existencia de facturas de justificación de algunos de hoteles de cinco y cuatro estrellas como el Spa Senator de Cádiz, el Galileo de Milán, el Husa Paseo de las Artes de Madrid, el Ritz, el Presidente de Estambul, entre otros; billetes de avión y consumiciones de gambones.

"No parece razonable que de esas ayudas, más del 65% (o incluso el 100% en muchos casos incluyendo como gasto de oficina la compra de un vehículo) fuese destinado a gastos de oficina y personal, ni tampoco que se otorgasen subvenciones anticipadas sin ninguna garantía de justificación", detallan en un informe interno del equipo de gobierno. Una realidad que pone bajo la lupa de la duda el verdadero objetivo de muchas de la subvenciones que, no sólo en Diputación, se aportan desde el ámbito de lo público con un destino cuando menos sospechoso.

La actual portavoz de IU en la Diputación, Toni Morillas, negó la existencia de irregularidades en el proceso de concesión de las subvenciones, aunque aseguró que tanto ella como el resto de sus compañeros se pondrán a disposición de la Fiscalía si ésta detectase alguna anomalía. "Las subvenciones a Famsi están justificadas en tiempo y en plazo y han pasado todos los procesos de fiscalización", insistió, justificando los numerosos viajes realizados como parte de la labor del colectivo. Por ello, concluyó que lo ocurrido hasta la fecha no es más que "una campaña de desprestigio y persecución política hacia IU, que le sirve al PP para tapar que se han cargado con la cooperación internacional".