El Supremo 'aplaude' la sentencia del Tribunal de Malaya

  • El Alto Tribunal alude a la "manera lógica y racional" de valorar las pruebas para llegar a desmontar el entramado de la organización dirigida por Roca

Los 3.138 folios de la sentencia firme del caso Malaya hecha pública por el Tribunal Supremo el miércoles han servido además de para ratificar la mayoría de las penas dictadas por la Audiencia Provincial de Málaga en primera instancia, para valorar de manera positiva la actuación de la Sala durante el macroproceso. Es a través de los fundamentos esgrimidos por el Alto Tribunal en los más de medio centenar de recursos de casación presentados donde se alude a las "valoraciones lógicas y racionales" realizadas por el Tribunal malagueño, aplaudiendo de este modo el proceder de los tres magistrados y las conclusiones extraídas de las pruebas practicadas, con las que se desestiman los motivos alegados.

El "jefe de la organización", el cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, se queja en uno de los casi 140 motivos desarrollados en sus "extensas alegaciones" de la afirmación de que los concejales del Ayuntamiento "seguían a rajatabla" sus instrucciones, recogida ésta como hecho probado en la sentencia de la Audiencia Provincial. El Supremo le reprocha entonces que precisamente seguían sus instrucciones por el dinero que recibían. "Las declaraciones de los procesados y la abundante prueba testifical y documental practicada en este procedimiento, ha permitido al Tribunal concluir, de una manera lógica y racional, por un lado, que los empresarios entregaban cantidades de dinero al recurrente [Juan Antonio Roca] para que éste favoreciera sus intereses urbanísticos en la localidad de Marbella, y por otro, que este último repartía a su vez este dinero entre los concejales y demás funcionarios del Ayuntamiento, que precisamente por ello seguían sus instrucciones". E incluso va más allá el Alto Tribunal y expresa que la prueba practicada fue "analizada minuciosamente" por la Sala malagueña, lo que permite concluir que Roca no solo participaba en las actividades urbanísticas sino que "controlaba el urbanismo" de Marbella.

Los Archivos Maras, una serie de anotaciones contables que reflejan las aportaciones que realizaban empresarios a Roca y a su vez como éstas salían en forma de sobres con dinero en metálico para acabar en manos de concejales y funcionarios del Ayuntamiento, sin perjuicio de que parte quedara para el cerebro de la trama, también han sido valorados por el Supremo, que cita el "detalle" con el que fueron recogidos en el fallo de la Audiencia Provincial. Lo que permite resumir, "como lo hace el Tribunal de instancia, de nuevo de una forma lógica y motivada, con la expresión de que estos estaban 'en nómina", consta en la sentencia firme.

En definitiva, viene a decir el Supremo, que se "instauró en el Ayuntamiento de Marbella un sistema de corrupción política y económica generalizada donde la actuación administrativa no estaba presidida, como era obligado, por el principio de legalidad sino por los intereses particulares de aquellos que pagaban y de aquellos que recibían, mereciendo por ello el calificativo de injusta". Roca "recibía dádivas, que luego repartía, en parte, entre otros miembros de la Corporación Local para que la decisiones que se tomaran por dicha Corporación y que afectaran a los distintos 'aportantes' fueran favorables a ellos. Eran, pues, los intereses particulares de estos empresarios los que marcaban las decisiones que se tomaban. "Cualquier interés público era postergado en pro de estos intereses privados, vulnerando así los principios de imparcialidad y objetividad que ha de regir el funcionamiento de la Administración pública que imponen que las decisiones se adopten conforme a derecho y no en función de los intereses patrimoniales de los cargos públicos responsables de dicha decisión".

Sin embargo, este bien hacer y valoraciones lógicas de la pruebas no han servido para incrementar las penas de los condenados. Con la salvedad del incremento en seis años de cárcel a Roca y de un año y medio para el resto de los concejales condenados, el Alto Tribunal ha absuelto a 4 personas más, reduciendo el número de condenados a 48, ha rebajado el montante total del conjunto de las multas a los 544 millones de euros y ha disminuido en seis meses el tiempo que deberán pasar entre rejas la que fuera alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe y su teniente de alcalde, Isabel García Marcos. Estas y algunas matizaciones más son a grosso modo las modificaciones realizadas a una sentencia de primera instancia que en su día se tildó de blanda. Las caras de satisfacción y alivio con las que la mayoría de los acusados acogieron la lectura del fallo en la sala de vistas en octubre de 2013 lo decían todo. Hasta el propio Tribunal citó de manera informal a la prensa para puntualizar que las penas eran "legales".

Con lo que, por decirlo de alguna manera, intentó resarcirse el Tribunal de Malaya fue al contemplar en su fallo en primera instancia que el montante de las multas de los condenados fueran a parar a Marbella para resarcir el saqueo que sufrió el municipio, lo que el Supremo ha dejado sin efecto al "infringir la norma vigente".

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