El Tribunal Supremo ha determinado que los jueces de Málaga no tienen capacidad para determinar el uso preferente del aparcamiento subterráneo de la Ciudad de la Justicia, porque la gestión de ese espacio es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, que es la titular del edificio.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal dictó el pasado 31 de marzo una sentencia en la que desestima el recurso interpuesto por la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la judicatura, que declaró en octubre de 2009 ilegal la reserva del garaje para uso exclusivo de los magistrados, en detrimento de los funcionarios de Justicia. La utilización preferente del aparcamiento había sido acordada por el juez decano de Málaga, José María Páez, y el presidente de la Audiencia, Francisco Javier Arroyo, en julio de 2009, atendiendo a motivos de seguridad.

El Supremo subraya que es la Junta de Andalucía la propietaria del edificio y de las plazas de aparcamiento y que, para su funcionamiento, aprobó un protocolo de utilización, contra el que los magistrados pueden protestar o mostrar su criterio discrepante por causas de seguridad, pero que en cualquier caso no es competencia de ellos la organización de este espacio.

El fallo del Supremo aclara el panorama legal y las competencias sobre el aparcamiento, aunque tendrá poca repercusión real al menos en este momento, puesto que en febrero de este año la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta anunció que cambiaba de criterio para que en lugar de ocupar el parking por orden de llegada quede en gran parte reservado para los jueces.