El TSJA archiva dos querellas contra Torres

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha detenido dos maniobras de procesados en el caso Malaya dirigidas contra el primer juez instructor de esta causa, Miguel Ángel Torres.

El TSJA ha rechazado las querellas presentadas por los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta, presuntos artífices del entramado societario de Juan Antonio Roca, y por el empresario Andrés Liétor contra el magistrado Torres, al que acusaban de prevaricación, falsedad y un delito contra la libertad individual. Los letrados se querellaron contra el juez, mientras que el empresario intentó emprender acciones penales contra el magistrado, el fiscal antimafia, Juan Carlos López, y dos secretarias judiciales de Marbella.

La Sala del TSJA ha acordado desestimar ambas querellas, incluso sin necesidad de tomar declaración a los querellados, al entender que la actuación de Torres contra estos imputados en ningún momento se desvió del camino que marca la ley.

En este sentido, los letrados del bufete Sánchez Zubizarreta expresaban en la querella que el magistrado prolongó por encima de lo constitucionalmente establecido el plazo de detención, puesto que fueron detenidos el 29 de marzo de 2006, pasaron a disposición judicial el día 31 y finalmente Torres les tomó declaración el 3 de abril. En su opinión, estuvieron a disposición judicial desde el momento del arresto, puesto que éste fue ordenado por el juez. El tribunal rechaza este argumento al precisar que el plazo cuenta desde que de forma efectiva pasaron a disposición del juez (el 31 de abril).

Además, desestima que hubiera dilaciones indebidas desde el arresto hasta la declaración, puesto que entre el 31 de marzo y el 3 de abril Torres estudió 300 folios del caso, tomó 23 declaraciones a implicados, celebró 16 comparecencias, dictó 16 autos de prisión, siete de libertad y cinco de entrada y registro, así como otros 18 en los que ordenaba la permanencia de los detenidos en la comisaría hasta que pudieran ser oídos por él.

Por su parte, el empresario Andrés Liétor acusaba al magistrado, al fiscal antimafia y a dos secretarias judiciales de haber incurrido en los delitos de prevaricación y falsedad, porque declaró varias veces sin la presencia de la secretaria judicial y aún así sus firmas aparecen en las actuaciones.

El TSJA rechaza estos argumentos porque en cualquier caso "no se alteró la realidad" ni "los contenidos" de estas declaraciones.

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