La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) amparando la construcción del Metro en superficie hasta el entorno del Civil y rechazando parte de los argumentos empleados por el Ayuntamiento de Málaga para reclamar su rechazo, da aire a la Junta de Andalucía. La interpretación que se hace en el seno del Gobierno autonómico va en esta dirección, al entender que el aval judicial debe ser suficiente para allanar definitivamente el camino al trazado a ras de calle y diluir la negativa del equipo de gobierno del PP a facilitar la actuación. El parecer en el seno de la Casona del Parque es bien distinto, ya que el alcalde, ayer, se afanaba en considerar que el fallo judicial no varía un ápice la posición del Ejecutivo local.

En estos términos se manifestó ayer el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. "Este fallo debe contribuir a despejar el escenario para la culminación de la red, conforme a la solución pactada en 2013 con el Ayuntamiento, que incorporaba las extensiones de las líneas 1 y 2 desde Guadalmedina hasta Atarazanas y el Hospital Civil, respectivamente", dijo.

El alcalde insiste en respetar la opinión de los vecinos y en no perjudicar a la EMT

Con este nuevo elemento sobre la mesa, en la que las dos administraciones vienen pugnando desde hace años en relación a este tramo del recorrido, Ruiz Espejo instó al Consistorio a reconsiderar su posición en relación con el proyecto de prolongación del ferrocarril urbano, "desbloqueando así la mayor inversión pública actual en Málaga que acomete la Junta".

Para el delegado, la fundamentación que se realiza en la sentencia, adelantada el pasado domingo por este periódico, "es rotunda", puesto que frente al recurso que interpuso el Consistorio, se señala que no se contempla supuesto alguno de nulidad en relación con el procedimiento de tramitación, ni desde la perspectiva de su aprobación por el órgano competente en la materia, ni desde la óptica del contenido y alcance del proyecto básico. Entre otras razones porque, frente a las tesis municipales, el TSJA apoya que el proyecto básico objeto del recurso "define con suficiencia las líneas maestras del trazado, y es este el contenido que debe quedar sujeto a la información pública".

Lejos de asumir el revés judicial como una advertencia, De la Torre se mantuvo ayer firme en sus convicciones, que no pasan por facilitar la apuesta autonómica. Y estas pasan por la existencia de rechazo vecinal y la posibilidad de abrir una reflexión acerca de la manera de alcanzar la zona norte de la ciudad pero mediante un camino diferente al tranvía, ya sea rescatando la línea 4 que formó parte de los estudios informativos iniciales (se proponía soterrado) o relacionando el recorrido a la propuesta de intervención sobre el cauce del río Guadalmedina. Desde su punto de vista, buscando "una solución que sea mas positiva y mejor que la que se ha planteado en superficie".

"No tiene nada que ver la decisión judicial con la posición del Ayuntamiento", dijo de manera clara De la Torre al ser preguntado por la sentencia negativa del alto tribunal andaluz, que ampara el funcionamiento de la Junta en este asunto. Sí admitió que en los próximos días será objeto de análisis la posibilidad de formalizar o no un recurso de casación.

El mandatario local, en cualquier caso, abundó en lo que viene afirmando desde hace meses, señalando la necesidad de respetar la opinión de los vecinos de la zona y subrayó la importancia de "no crear problemas que afectaría gravemente al transporte publico existente en el zona, la EMT". De acuerdo con las propias estimaciones de la sociedad municipal, la construcción del Metro en superficie tocaría de lleno a las líneas de autobuses que pasan por la zona, incluyendo la 15, que se vería mermada en unos 1,5 millones de usuarios.

Frente a ello, aludió igualmente a que lo que debe ser prioritario en este momento es la terminación de las obras ya en marcha en la Alameda Principal y la reactivación de los trabajos en el tajo entre El Perchel y el río Guadalmedina, que acumula ya casi dos años de paralización. Sobre ello, apuntó la necesidad de "ver los efectos que tendría sobre los viajeros" la puesta en carga de estas dos piezas del recorrido y que, en el mejor de los casos, no estarán abiertas al paso de los trenes hasta principios del año 2020.

De acuerdo con las estimaciones de la propia Administración regional, completar la red del ferrocarril urbano, incluyendo el tramo al Civil, debe permitir a la concesionaria alcanzar los 20,7 millones de usuarios anuales, de los cuales el tramo al norte puede aportar algo menos de tres millones de viajeros anuales.

Interpelado por la posibilidad de que el Ayuntamiento se enfrente a futuras reclamaciones económicas por no facilitar la ejecución del ramal al Civil, en consonancia con las advertencias lanzadas meses atrás por el consejero de Fomento, Felipe López, el alcalde dijo no creer que haya motivos para tal demanda. "Nos movemos desde el punto de vista de lo que creemos que es bueno para la ciudad. No vemos que haya motivos para posibles reclamaciones, porque hay un compromiso claro que obliga a todos, como cuando se dijo que no se haría en contra de los vecinos y nosotros hemos planteado alternativas", afirmó al respecto, destacando que la colaboración de la ciudad en materia de Metro "es constante".

Incluso, respondió recordando que si se trata de reclamaciones "se podría reflexionar sobre la cantidad de problemas que han generado a la ciudad el incumplimiento de plazos, las obras que se prolongan años, las obras paradas; la falta de eficacia absoluta de la Junta en los propios tramos que ha desarrollo, descargando a la concesionaria". Al tiempo, demandó una auditoría "a fondo" de los costos de construcción y mantenimiento.