El Ayuntamiento de Málaga vuelve a curarse en salud y evita de nuevo pronunciarse de manera expresa en contra del Metro en superficie al Civil. El informe al que ayer dio luz verde la Junta de Gobierno Local sobre la apuesta de la Junta de Andalucía de declarar de interés metropolitano este tramo del suburbano lejos de ser taxativo, muestra la negativa del área de Movilidad a pronunciarse al respecto, alegando que no podrá hacerlo hasta recibir la información completa sobre el tajo en cuestión.

La ambigüedad empleada por el equipo de gobierno fue interpretada ayer en el seno de la Consejería de Fomento como parte de "una estrategia jurídica cuya finalidad no es otra que evitar que la Junta le lleve a los tribunales por incumplir el protocolo de noviembre de 2013".

Grosso modo, el Ejecutivo local sí considera que "con carácter previo" a la mencionada declaración de interés metropolitano, con el que la Administración regional podría esquivar los obstáculos municipales a la hora de impulsar esta obra, se deberían dar respuesta a diferentes cuestiones. "Ha de llevarse a efecto coordinadamente todas aquellas actuaciones que permitan compatibilizar las competencias de ambas administraciones, con respeto al principio de autonomía local, evitando afecciones innecesarias al transporte urbano y proporcionando a los ciudadanos una red de transporte público eficaz", dice textualmente el informe.

Entre los asuntos a resolver con carácter previo, Movilidad alude a la firma de la adenda al convenio original del Metro, conforme a lo plasmado en el protocolo de intenciones que da encaje al tranvía al Civil. "El cumplimiento de dicha obligación ha devenido en imposible por motivos exclusivamente imputables a la Administración autonómica", denuncia el Consistorio. A esta demanda, que tendría que haber sido solventada antes de la puesta en marcha del suburbano a finales de julio de 2014, suma el acuerdo en materia de financiación de las obras de construcción, asunto ahora judicializado, y la propuesta de disponer de un plan de coordinación intermodal para evitar afecciones sobre las líneas de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), el sector del taxi y los vecinos.

En última instancia, el Ayuntamiento se ampara en la ausencia de participación ciudadana para cuestionar el paso dado por Fomento. "Tanto el Ayuntamiento como los propios vecinos han tenido conocimiento de la existencia de los proyectos relacionados con el tramo en cuestión con motivo de su publicación en el BOJA o mediante comunicaciones efectuadas con posterioridad a su aprobación", añade el informe. En este punto se recuerda la existencia de una impugnación judicial contra el avance del trazado en superficie.

La respuesta de la Junta no deja lugar a la duda. "La tramitación continúa con o sin informe del Ayuntamiento", expusieron fuentes de este departamento, que incluso aseguraron que llegado el momento se licitará la obra. "Llegaremos hasta donde tengamos que llegar; tarde o temprano deberán de pronunciarse y no eludir con subterfugios un pronunciamiento", expusieron. Al tiempo, recordaron las afecciones patrimoniales que la previsible negativa municipal tiene sobre el proyecto del Metro.