El Tribunal Supremo ha citado hoy a los procuradores de los acusados en el caso Malaya previsiblemente para notificarles su sentencia en este caso de corrupción político urbanística ocurrido en Marbella durante los gobiernos del Grupo Independiente y Liberal (GIL). El caso Malaya, por tanto, se cerrará nueve años después de que estallara, el 29 de marzo de 2006.

La Sección Primera de la Audiencia de Málaga condenó en octubre de 2013 a 52 personas, entre las que figuraba el ex asesor de urbanismo del municipio, Juan Antonio Roca, junto a los dos últimos alcaldes del GIL, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, concejales y algunos de los principales promotores inmobiliarios que operaban en la Costa del Sol. Les impuso una condena que, en conjunto, sumaba 133 años de prisión y 585 millones de euros en multas.

Al principal acusado y cerebro de la trama de corrupción tejida con intereses urbanísticos y políticos, Juan Antonio Roca, le impuso 11 años de prisión y 240 millones de euros de multa por los delitos de cohecho pasivo continuado, blanqueo (como jefe de una organización), fraude y prevaricación.

La última alcaldesa del GIL, Marisol Yagüe, fue sentenciada a seis años de cárcel y multa de 2,3 millones por cohecho continuado pasivo para acto injusto no realizado, malversación, alteración de precio de subasta y fraude.

Al ex alcalde Julián Muñoz le impuso dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por fraude y prevaricación, mientras que Isabel García Marcos, primera teniente de alcalde del último Gobierno del GIL fue condenada a cuatro años de cárcel y multas por valor de 705.000 euros por cohecho y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

La sentencia de la Audiencia de Málaga se dictó 15 meses después de concluir el juicio que se prolongó durante dos años (199 sesiones), desde el 27 de septiembre de 2010 hasta el 30 de julio de 2012.

La sentencia provocó cierta frustración en la opinión pública. Se criticó la suavidad de unas penas en las que, por ejemplo, se aplicaban atenuantes como la de confesión para Juan Antonio Roca. Sobre todo llamó la atención que empresarios condenados por pagar mordidas a Roca para conseguir que el Ayuntamiento se amoldara a sus intereses urbanísticos fuesen sentenciados a penas inferiores a los dos años de prisión.

Seguidamente tanto la Fiscalía como la Junta de Andalucía y la Abogacía del Estado, junto a gran parte de las defensas presentaron recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal oyó a las partes en julio del año pasado. En esas vistas, la Fiscalía solicitó más pena para la mayoría de los procesados que fueron condenados, pidiendo una revisión de los delitos y de las atenuantes aplicadas, mientras que la abogada de Roca reclamó "depuración y limpieza" de todo el procedimiento judicial porque la instrucción la había realizado un "enemigo del investigado", en alusión al magistrado instructor Miguel Ángel Torres, y "sin sujeción a la Constitución ni a la ley".

El Supremo ha prorrogado varias veces el plazo para dictar esta sentencia que será emitida este miércoles y en la que se resuelve los recursos planteados por las partes, debido al "volumen y la complejidad" de la causa y las muchas deliberaciones en relación "con las múltiples cuestiones fácticas y jurídicas planteadas por los 55 recurrentes".