Urbanismo agota el presupuesto para expropiaciones en menos de dos meses

  • Las últimas sentencias del TSJA elevando los costes de las enajenaciones dejan a cero la partida de casi 3 millones para 2015 Tendrá que emplear el fondo de contingencia si surgen más fallos

La herida que viene sufriendo la hacienda municipal en los últimos años como consecuencia de las decisiones judiciales relacionadas con expropiaciones de suelo sigue agrandándose. Tras ver cómo en 2013 el gasto en enajenación de parcelas se le disparó al Ayuntamiento de Málaga en más de 12 millones de euros y en 2014 se vio en la obligación de ampliar de manera significativa la partida presupuestaria para abonar estas operaciones, en el arranque de 2015 se mantiene la tónica.

Tanto es así que la cuenta del presupuesto que tenía reservada la Gerencia de Urbanismo para hacer frente a este tipo de enajenaciones de suelo, cifrada en 2.992.875 euros, se ha quedado a cero. "Ya se han gastado entre las sentencias que se llevan a este consejo y otras anteriores", expusieron desde el organismo municipal, al tiempo que reconocieron que en caso de que haya nuevos pronunciamientos judiciales que supongan alteración en las tasaciones municipales, el equipo de gobierno se verá obligado a hacer uso del fondo de contingencia, "que se puede emplear para consignaciones no presupuestadas". Un ejercicio que ya se empleó en 2013, con al menos 5,7 millones, y 2014, con 2.345.000 euros.

La merma económica a la que se enfrenta ahora Urbanismo tiene en buena medida su razón de ser en dos de los puntos que hoy serán abordados en el consejo de administración del ente y que suponen dar cumplimiento a sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En las mismas, el alto tribunal andaluz valoran en casi dos millones de euros la expropiación de sendos suelos no urbanizables que fueron tasados por los técnicos municipales tasaron en apenas 158.139 euros. Ello supone un desfase del 1.145% entre la valoración planteada por el Consistorio y la finalmente decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

Los fallos afectan a dos parcelas enajenadas en 2002 para la restauración hidrológico forestal de la cuenca del río Guadalmedina. En uno de los casos, el de la finca 72, a nombre de Encarnación Zalabardo Leiva, la decisión del TSJA sitúa el justiprecio de la parcela en 691.005 euros, frente a los 91.197 euros de la tasación municipal y de los 257.598 euros estimados por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. Bien es cierto, que la cuantía es casi diez veces inferior a lo que demandaba la titular del terreno, que reclamaba 6.084.511 euros.

De esta suma, el Ayuntamiento ya pagó 257.598 euros, habiendo satisfecho hace unos días otros 433.406 euros del incremento de la tasación y otros 33.000 euros de los 221.541 euros de intereses generados desde 2002. El problema con el que se encuentran los responsables del Consistorio es que tienen aún que hacer frente a otros 188.492 euros para los que no hay consignación presupuestaria, por lo que se requiere de una modificación presupuestaria para su financiación.

El segundo caso es anterior en el tiempo, dado que el equipo de gobierno del PP tuvo conocimiento de la sentencia del TSJA en marzo de 2012. La misma estima parcialmente el recurso presentado por los propietarios de la finca 48 del proyecto de expropiación para la restauración hidrológico forestal del Guadalmedina, fijando el justiprecio de la misma en 731.708 euros. La cifra difiere sustancialmente de los 100.597 euros marcados por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa y, más aún, de los 66.942 euros señalados por el Ayuntamiento.

Del valor decretado por el tribunal andaluz, pagó hasta 2004 un total de 100.597 euros. Lo que hoy será aprobado en el Consejo de Urbanismo es llevar a efecto esta sentencia, lo que supone el abono de los 631.110 euros de incremento marcados por el TSJA, a los que agregar otros 325.558 euros en concepto de intereses acumulados desde 2002.

Otro de los expedientes expropiatorios que tiene afección directa sobre el presupuesto de 2015 es el de tres pequeñas parcelas calificadas como zona verde y situadas en las calles San Lázaro y Pinosol. En estos casos, el propietario de las mismas, Crown Embalajes España, viéndose afectado por otras enajenaciones realizadas para la prolongación de la vía, exigió que se hiciese lo propio con el resto de sus terrenos conforme al principio de expropiación por ministerio de ley. En aplicación del mismo, Urbanismo acuerda hoy las valoraciones fijadas por la Comisión Provincial de Valoraciones, que alcanza los 1.529.312 euros.

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