Urbanismo corrige el Plan General para que pueda entrar en vigor

  • El trámite no afecta a los aspectos suspendidos por la Junta, que habrán de subsanarse a posteriori

Tras casi siete años, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, ahora sí, entra en su recta final. La Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar mañana en la comisión de Movilidad y Urbanismo el informe final de adecuación del planeamiento a las directrices marcadas por la Junta de Andalucía. Un paso adelante que, según algunas fuentes consultadas por este periódico, supone de facto allanar el camino previo a la publicación del documento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y, por ende, la entrada en vigor del mismo. No obstante, este tránsito último podría demorarse aún un par de meses.

Las fuentes, no obstante, precisaron que las adecuaciones que se formulan con el acuerdo de mañana afectan exclusivamente a correcciones técnicas de algunos de los informes emitidos pro organismos estatales y autonómicos, caso de Aviación Civil, la Agencia Andaluza del Agua, el Servicio de Carreteras de la Delegación provincial de Obras Públicas o la Dirección General de Bienes Culturales.

Lo que no incluye esta actuación son los sectores que la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) suspendió el pasado mes de diciembre, cuando por segunda vez analizó el contenido del planeamiento de la capital de la Costa del Sol. En esta cita, a diferencia de lo que ocurrió a mediados de 2009, cuando echó para atrás el trabajo, optó por dar luz verde íntegramente al plan, aunque sometiendo a suspensión algunas piezas del mismo.

En concreto, la aprobación parcial deja fuera la construcción de más de 3.500 viviendas en Camino Bajo de Churriana, Santa Rosalía Sur y Wittemberg "por no tener estudiados los cauces que discurren por ellos, según la Agencia Andaluza del Agua", sectores a los que se añade los usos productivos previstos en Los Asperones. La suspensión afecta igualmente a "la ordenación detallada" de los antiguos suelos de Repsol, donde se proyectan cinco grandes torres con capacidad para unas 1.300 viviendas.

Otra de las afecciones más detalladas es la correspondiente a la decisión del Ayuntamiento de reclasificar a uso residencial la parcela del estadio de fútbol de La Rosaleda. Sobre ello, la Junta exigió que se incluya un nuevo condicionado para garantizar "el previo traslado del campo". Al tiempo, documento publicado en el BOJA deniega la clasificación como suelo urbano de la franja de suelo ocupada por las viviendas de El Palo y Pedregalejo, algo a lo que hasta la fecha ha sido rechazado por el equipo de gobierno del PP.

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