Málaga

Urbanismo teme el efecto "lesivo" de los fallos del Supremo en expropiaciones

  • Pomares alerta de hecho de que considere "ilegal" el artículo 140 de la LOUA, que es el que se emplea para valorar los terrenos

Vista aérea de la zona Este, donde se localizan varias de las parcelas expropiadas.

Vista aérea de la zona Este, donde se localizan varias de las parcelas expropiadas. / javier albiñana

La última sentencia contraria emitida por el Tribunal Supremo en una expropiación impulsada por el Ayuntamiento de Málaga preocupa y mucho a la Gerencia de Urbanismo. Tanto es así que el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, se mostró muy crítico con esta resolución y con el hecho de que los jueces del Alto Tribunal sustancien su decisión en la supuesta "ilegalidad" del artículo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que utiliza el Consistorio para valorar estas enajenaciones.

"Estamos vendidos", llegó a expresar el edil del PP ayer en el marco del Consejo de Administración de Urbanismo, augurando que el procedimiento ya seguido en un fallo de finales del pasado año podría repetirse en otras resoluciones pendientes de emitirse. El fallo en cuestión fue emitido el 2 de diciembre y obliga al Ayuntamiento a afrontar el pago de 6,2 millones por dos fincas en Monte de Sancha, en la zona Este, cuya utilidad es casi nula.

La superficie es de 4.800 metros cuadrados y fue calificada en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1997 como Sistema Local de Espacios Libres (SLEL). El Supremo anuló y corrigió la decisión previa adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que rebajaba las pretensiones económicas de los privados, una firma vinculada a la familia Capeluto. El valor asignado por el Alto Tribunal superaba en casi once veces la tasación de los técnicos de Urbanismo, que lo fijaban en 573.000 euros.

Grosso modo, lo que hizo el Supremo fue invalidar la previsión marcada en el artículo 140 de la LOUA de situar el valor del suelo expropiado en el momento en que se incoó el expediente. En este caso concreto, ello tuvo lugar en 2003. Sin embargo, el Alto Tribunal avaló que se tomase como referencia el año 2009, cuando la propiedad presentó la hoja de aprecio. "Al no haber aplicado la sentencia de instancia los criterios v'alorativos del Texto Refundido de la Ley del Suelo, vigente y aplicable en la fecha de presentación de la hoja de aprecio por la propiedad, está vulnerando nuestra consolidada jurisprudencia", dice la sentencia.

"Tenemos la dificultad de que el Supremo dice que es ilegal el artículo 140 y nos está tumbando todas las decisiones del TSJA, que eran favorables", expuso Pomares, quien incidió en que el problema no es exclusivo de la capital, sino que se extiende al resto de Andalucía. El concejal informó de que el pasado martes expuso a los responsables de la Consejería de Ordenación del Territorio la necesidad de "modificar" ese artículo de la ley autonómica. "Se lo están cargando y las indemnizaciones están siendo muy lesivas", explicó. Incluso, apuntó la posibilidad de que el Gobierno andaluz acuda al Tribunal Constitucional para abordar la supuesta irregularidad de aplicar el citado precepto. "Tendremos que ir unidos en este tema porque estamos vendidos", apostilló Pomares. Un paso que ya ha dado Urbanismo en la expropiación de Monte de Sancha.

El Consejo de Urbanismo dio luz verde ayer al proyecto de ampliación de la biblioteca Vicente Espinel, en Puerto de la Torre. El equipamiento pasará a disponer de 730 metros cuadrados más, con un presupuesto próximo al millón de euros. Asimismo, quedó ratificado el convenio con Carrefour para la ejecución de un vial paralelo a la MA-20 y cuya obra podría iniciarse en septiembre u octubre.

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