El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en su afán por poner cerco a los propietarios del centro histórico que incumplen la obligación social de mantener en condiciones adecuadas el estado de los edificios. Y lo hace en dos de los casos que mayor polémica vienen provocando desde hace varios años y que permitieron poner sobre la mesa la existencia de los denominados asustaviejas en el casco antiguo de la ciudad: la calle Mariscal, 3 y 5.

Ambas construcciones están en manos de un mismo propietario, que fue calificado por el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, como el "peor" acosador inmobiliario del casco antiguo y recordó que fue él quien cortó el agua a los vecinos del número 5 después de que el Ayuntamiento ejecutase una serie de mejoras en el inmueble. Este caso, además, fue el primero en llegar a la vía penal por la presión ejercida sobre los arrendatarios de los pisos.

La intervención municipal se produce ahora tras constatar de manera reiterada la nula intención del dueño a actuar y dignificar la situación de los bloques. Con este paso, la Gerencia de Urbanismo tiene previsto quedarse con los edificios para, posteriormente, sacarlos a subasta, con el fin de que los compradores se hagan cargo de la rehabilitación.

Este procedimiento será acordado en el Consejo de Urbanismo bien en su próxima sesión, que se celebrará la semana que viene, o en febrero, según confirmó el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado. La determinación se adoptará a propuesta del Servicio de Expropiaciones del órgano municipal, que aboga por colocar los citados inmuebles en situación de ejecución por sustitución.

Este mecanismo, fijado en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), habilita al municipio a convocar y resolver el concurso para "sustituir al propietario incumplidor". La intención del equipo de gobierno pasa por convocar la citada venta en un plazo no superior a los seis meses desde la aprobación de la propuesta. El trámite que Urbanismo sigue con el caso Mariscal 3 y 5 es similar al aprobado para San Félix Cantalicio, 11, donde también se comprobó el incumplimiento de la función social de la propiedad. Este expediente fue aprobado el 21 de diciembre.

En ambas localizaciones la drástica intervención pública se produce después de que los dueños de los inmuebles hayan eludido sus obligaciones en materia de conservación. De hecho, el paso final en la calle Mariscal se da casi un año y medio después de que el propio Consistorio ordenase a la propiedad del número 5 la ejecución de una serie de obras urgentes para reparar los desperfectos existentes y 19 meses después de que el área de Sanidad emitiese un informe en el que se hacía patente el abandono del bloque: "Manifiesta insalubridad en la totalidad del edificio. Gran cantidad de basura, heces, enseres y proliferación de insectos y roedores. Hedor insoportable".

La subasta de un edificio es una de las vías de intervención que contempla la normativa autonómica para luchar contra el acoso inmobiliario que prolifera en los centros históricos de las grandes ciudades, que en el caso de la capital malagueña ha hecho que el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, haya abierto varias decenas de expedientes ante las denuncias de inquilinos. "Tratan de hacer la vida imposible a los vecinos para que abandonen la vivienda", señaló Gutiérrez.

Ante esta dinámica, la Administración local parece empezar a tomar las riendas. Esa es al menos la intención del concejal de Urbanismo, que insiste en que se trata de uno de los asuntos a los que su departamento dedica más atención. "Estamos muy sensibilizados con el tema y vamos a poner todos los medios legales para que estos casos no sigan produciéndose", manifestó. Para ello, según precisó, la Gerencia está interviniendo en edificios que estaban "históricamente atascados".