La Audiencia considera "acreditado" que el alcalde de Alhaurín el Grande y su concejal de Urbanismo "tienen fuentes de ingresos desconocidas y no declaradas". La sentencia destaca que ambos disfrutan "de una importante generación de dinero en efectivo no justificado" que introducen en el círculo legal "en forma de productos bancarios". Subraya, además, que "durante varios meses" entre 2005 y 2006 asumían los gastos diarios sin necesidad de acudir al banco para extraer dinero y sin hacer pagos con tarjetas de crédito. Incluso el alcalde compró en 2005 unas propiedades inmobiliarias en metálico. La sala apunta que estos fondos podrían ser "de origen desconocido".

Pese a que ambos explicaron a lo largo del juicio que llevan una vida modesta y austera y que tienen "capacidad de ahorro", el tribunal confiesa que le "sobrevuela" "una sospecha fundada de unas fuentes de ingresos desconocidas para el sostén del gasto personal y familiar que no se corresponde con la capacidad de ahorro atribuible a su composición familiar y estilo de vida".

Pese a todos estos recelos, el tribunal determina que "no se han detectado incrementos patrimoniales excesivos", al menos en la cantidad (738.000 euros) que apuntaba el fiscal al acusarlos de 12 delitos más de cohecho por los que han sido absueltos. Aunque se muestra suspicaz sobre el origen de los 64.780 euros en metálico que la Policía halló en la casa del alcalde, entiende que "no tiene necesariamente que imputarse a un enriquecimiento que tenga su origen en la actividad delictiva investigada". Por tanto, ordena que se devuelva a Martín Serón este dinero y a la concejala Antonia Ledesma otros 7.000 euros que se encontraron en un cajón de la alcaldía y que ella argumentó que procedían de aportaciones de los concejales del PP para sufragar un almuerzo en Fitur.

La Sección Octava argumenta que, salvo El Perola, ningún otro empresario ha reconocido haber pagado sobornos a Martín Serón o a Guerra y que la Agencia Tributaria no ha encontrado ninguna prueba de que los cohechos se entregaran a través de Conextran. La sentencia precisa que la Agencia Tributaria encontró en Conextran pagos en efectivos que le inducen a pensar que se trató de "enmascarar pagos a personas distintas de las que formalmente aparecen como receptoras de dinero". También resalta sus "sospechas vehementes" porque que se trataba de deudas importantes con empresas de pequeña dimensión y que Conextran facturaba con el Ayuntamiento por "conceptos de imposible verificación", pero que no existen pruebas que respalden que bajo esta operativa se ocultaban cohechos. Finalmente, el PSOE, tras conocer la condena, ha pedido la dimisión del alcalde de Alhaurín el Grande, mientras que el PP, a través de su secretario de organización Francisco Salado, ha mostrado su respeto a una sentencia que no comparte.