"Lo que ha pasado en Penal 1 de Sevilla con Santiago del Valle -el pederasta y presunto asesino de Mari Luz- puede pasar aquí en cualquier momento; no hay forma de controlarlo". Así de tajante se mostró ayer el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald, al ser consultado por el número de sentencias pendientes de ejecutar que arrastran los juzgados malagueños.

Preocupado e indignado ante la desbordante situación, el juez decano hizo esta misma advertencia hasta tres veces durante la entrevista: "Puede pasar en cualquier momento".

"Confiamos en que esta tragedia sirva al menos para que se ponga de manifiesto que la situación de ejecutorias en los juzgados de lo Penal es de muy difícil control y está al límite del colapso, por no decir que ya hay algunos juzgados de lo Penal completamente colapsados", dijo.

Caballero Bonald recuerda que en Málaga se están pidiendo nuevos juzgados de lo Penal desde el año 2005, sin que se haya producido desde entonces ninguna incorporación. Además, se han celebrado hasta cuatro juntas de jueces advirtiendo de "la situación alarmante de las ejecutorias" y este panorama consta en todas las memorias elaboradas por el juzgado decano en los últimos años.

El máximo órgano judicial en la provincia considera más que necesarios la creación de entre dos y tres nuevos juzgados de lo Penal, además de un refuerzo de la plantilla y un plan de choque para sacar adelante las casi 11.000 sentencias dictadas que no se han ejecutado.

En el caso de Sevilla, que se ha saldado con la muerte de una niña de cinco años a manos de un hombre que debería haber estado en la cárcel, el juez decano de Málaga pide responsabilidades. "Aquí todo el mundo señala al juez como responsable, pero también hay otros responsables que ahora mismo se están lavando las manos y las conciencias mirando para otro lado y eludiendo las responsabilidades que son de su competencia", dijo. Para Caballero Bonald, "aquí sólo va a haber un cabeza de turco, que es el juez, y al que están lapidando".

También se da la circunstancia de que los juzgados de lo Penal de Málaga no disponen de un registro centralizado de condenas y personas condenadas, como el que funciona en los juzgados de violencia contra la mujer. "No sería un gran desembolso económico y permitiría controlar a este tipo de delincuentes", concluyó el decano.