La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial anuló ayer los acuerdos del juez decano de Málaga y del presidente de la Audiencia Provincial del pasado mes de julio en los que se limitaba el uso de las plazas de aparcamiento de la Ciudad de la Justicia a los magistrados dejándolos "sin efecto", ya que "en los términos que figuran redactados y llevados a ejecución no se ajustan a la legalidad" al exceder las competencias sobre el uso de los edificios judiciales reconocidas en el Reglamento 1/2000 de Órganos de Gobierno de los Tribunales, reconoció el órgano mediante un escrito.

De esta forma el CGPJ le da la razón a la Junta de Andalucía, que exigía el cumplimiento del protocolo que instauró cuando se inauguró el edificio el año pasado, por el que la ocupación del aparcamiento se establecería estrictamente por orden de llegada y para todos los funcionarios. Una orden sobre la que volvió a incidir el subdelegado del Gobierno el pasado lunes y que se siguió a lo largo de la mañana de ayer. En este mismo sentido, la junta de personal de Funcionarios de la Administración de Justicia mantuvo ayer una reunión con la delegada provincial de Justicia, Blanca Sillero, en la que se corroboró la decisión firme de la Consejería de Justicia de respetar el uso del aparcamiento según el orden de llegada .

El responsable provincial del SPJ, Adriano Moreno, explicó ayer a este periódico que ante los nuevos acontecimientos, dada la anulación por el CGPJ de los acuerdos del juez decano de Málaga y del presidente de la Audiencia Provincial, esta mañana se reuniría la junta de personal para decidir si se mantiene la convocatoria de concentración de diez minutos para el jueves a las 12 de la mañana en las puertas de la Ciudad de la Justicia. "Ya venía haciendo falta un poco de cordura en este asunto, se habían cruzado muchas fronteras y la gente tenía la sensación de que se estaba produciendo un abuso de poder", reconoció Moreno en relación a la anulación de los acuerdos.

La Guardia Civil, por su parte, que hasta ahora se había limitado a seguir las órdenes, por un lado, de la Junta y, por otro, de los magistrados tiene previsto pronunciarse esta mañana a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles y del Sindicato Unificado de Policía para dar su parecer sobre la situación límite que están viviendo los guardias civiles destinados en la Ciudad de la Justicia de Málaga, debido al problema del aparcamiento.

La última batalla entre los jueces y la Junta de Andalucía se produjo el pasado lunes cuando la Guardia Civil que custodia el edificio recibió la orden, según el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia por parte de los magistrados, de reservar 60 plazas para uso exclusivo de jueces, magistrados y fiscales. Tras ponerse los hechos en conocimiento del viceconsejero de Justicia, José Antonio Ortiz, éste ordenó su cierre a las 9:30 de la mañana. Según destacó el sindicato SPJ-USO, de las 60 plazas que se habían guardado, a la hora del cierre solamente se habían cubierto 11 de ellas, quedando 49 libres.

Esta decisión de los magistrados de reservar 60 plazas se producía después de que una juez denunciara, el pasado 30 de septiembre, por desobediencia a un guardia civil que le negó la entrada al aparcamiento porque estaba lleno.