Tras años de denuncias sin respuesta, los afectados por el exceso de ruido de los chiringuitos de playa convertidos en bares de música en la zona de Los Álamos de Torremolinos empiezan a ver la luz con el impulso de la investigación iniciada el pasado mes de febrero por el juzgado de instrucción número 2 del municipio y en el que ya han declarado los tres principales testigos de la presunta prevaricación cometida por los responsables municipales al no tomar medidas pese a las numerosas quejas tramitadas.

Según pudo saber este periódico, los tres ya han ratificado sus denuncias y relatado los hechos en una primera toma de contacto ante el secretario del mencionado juzgado a mediados del pasado mes después de que el juez diera por terminada poco antes la investigación policial llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Dos de ellos son vecinos de las zonas de La Cizaña y Los Álamos, mientras que un tercero pertenece a la Asociación de Afectados por el Incumplimiento de la Legalidad y que representa a empresarios de discotecas del entorno. Los tres coincidieron en que han estado años sufriendo y denunciando las molestias causadas por estos establecimientos que funcionaban como bares de música sin tener autorización para ello ante la pasividad del Ayuntamiento que "nunca ha puesto medidas".

Así, contaron que desde 2010 han vivido "un auténtico infierno" y que incluso tenían "miedo de llamar a la Policía Local por la ineficacia a la hora de tramitar las denuncias porque no nos hacían caso ante lo evidente".

Fue precisamente la supuesta inacción del Consistorio de Torremolinos cuando hace varios años decidieron acudir ante la Guardia Civil que inició de inmediato diligencias. La investigación judicial se inició a raíz del escrito que la Fiscalía de Málaga remitió en septiembre de 2015 al juzgado de instrucción decano de Torremolinos, junto a la documentación procedente del equipo de investigación del Seprona, el propio Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El ministerio fiscal formuló entonces denuncia contra los responsables municipales del Consistorio que resultaran de las diligencias de investigación que solicitaba. En su escrito, el fiscal advirtió que desde el año 2010 se venía denunciando reiteradamente ante el citado Ayuntamiento por parte de diversos particulares "el desarrollo de actividades molestas por parte de los chiringuitos de las playas de Torremolinos con música y servicio de copas hasta alta horas de la noche", actividades que señaló no estarían amparadas por las licencias administrativas concedidas como restaurantes o quioscos de playa.

Sin embargo, añadió que de las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento tan sólo se había dado trámite a aquellas que fueron dirigidas al área municipal de Medio Ambiente, aunque en todos los casos los expedientes terminaron con una resolución de archivo a pesar de "constar que las actividades molestas y no autorizadas han continuado produciéndose". Y es que la Fiscalía alertó de que en las inspecciones que se habían realizado a consecuencia de las denuncias tramitadas "se había ignorado el hecho evidente de que en los establecimientos funcionaban como auténticas discotecas o bares de copas no autorizadas por el pliego de cláusulas de adjudicación".

Además, en los expedientes incoados por el Consistorio en los que se comprobó un nivel de ruido superior al legalmente permitido, el ministerio público indicó que no se abrió el preceptivo expediente sancionador y que los expedientes se archivaron "sin actividad de seguimiento alguna, a pesar de las constantes denuncias recibidas".

Por todo ello, el fiscal consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación por parte de los responsables municipales que resultaran de las diligencias.

El juzgado requirió entonces al Ayuntamiento el pasado 24 de febrero que indicara la identidad de las personas responsables de la resolución de los expedientes municipales incoados por las denuncias presentadas entre 2010 y 2014 relacionadas con los chiringuitos. Asimismo, le instó para que informara del motivo por el cuál no se habían incoado expedientes sancionadores, "a pesar de existir informes de mediciones acústicas en las que se superaban el nivel legalmente autorizado". Igualmente le requirió que facilitara los expedientes de licencias de aperturas de algunos de los establecimientos afectados".