La exalcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, acusada en el caso 'Malaya', ha asegurado que fue el exregidor Jesús Gil el que decidió que se presentara la moción de censura en 2003 contra el entonces alcalde Julián Muñoz y ha negado que recibiera recompensa alguna por apoyarla. Además, ha apuntado que desde que llegó a la Alcaldía se puso «en manos de la Junta de Andalucía» en temas urbanísticos.

Yagüe ha comenzado a declarar en el juicio contra la presunta trama de corrupción en Marbella contestando a las preguntas del fiscal sobre cómo se gestó la moción de censura, que, según ha insistido, partió de Gil que se había «peleado» con Muñoz y, aunque estaba inhabilitado políticamente, «seguía siendo el jefe de todos y la lealtad que nosotros le teníamos estaba por encima de todo».

La exregidora, para la que la Fiscalía Anticorrupción solicita 20 años de cárcel, ha indicado que ella insistió en ser alcaldesa porque Gil «quería por todos los medios que yo fuera» y ha manifestado que no supo que el principal acusado y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, estaba relacionado con la moción hasta que lo vio en la notaría donde se firmó. Ha añadido que «los primeros que hablan de una moción de censura, y me hablan a mi, es el PP».

Asimismo, ha señalado que le extrañó la moción con la entonces portavoz socialista en el Ayuntamiento, Isabel García Marcos, por la relación con Gil, pero ha apuntado que ella entendió que era «bueno que iba a participar el PSOE», añadiendo que «la Junta de Andalucía estaba totalmente de acuerdo en esto, tenían la posibilidad de gobernar otra vez en Marbella. Lo que pasó después, que dejaron a la señora García Marcos totalmente sola, no lo he entendido nunca».

Sobre el urbanismo, ha asegurado que fueron prudentes a la hora de tomar decisiones hasta que hubiera un plan general aprobado definitivamente, insistiendo en que se hizo todo «conforme a la legalidad» y con informes «para que no nos equivocáramos». Ha asegurado que no habló de las licencias ni de los proyectos con los empresarios acusados, «para eso estaba el señor Roca» y que «al final las 30.000 viviendas se han legalizado todas y nosotros estamos aquí sentados».