Málaga

La presión acelera el convenio para que la Policía Local investigue malos tratos

  • El Gobierno asegura que el "conflicto" quedará pronto resuelto y que se "retomarán las negociaciones"

  • Agentes nacionales afirman que la lucha contra esta violencia "es de todos"

Policías locales, en calle Larios.

Policías locales, en calle Larios. / m. h.

La retirada de las competencias de la Policía Local de Málaga para llevar a cabo investigaciones sobre malos tratos y casos protagonizados por menores podría tener los días contados. El impacto mediático que ha generado la medida adoptada por el órgano de coordinación entre agentes y judicatura acelerará la firma del convenio de colaboración al que debe suscribirse el Cuerpo Municipal en cuanto a la protección de las víctimas de violencia de género y doméstica (VioGen), que permite realizar un seguimiento integral de las denunciantes y aplicarles un nivel de riesgo. La previsión es que el trámite se resuelva en las próximas semanas.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, tomó ayer la palabra antes de asistir al acto de conmemoración del 25 aniversario de la cárcel de Alhaurín de la Torre para lanzar un mensaje de tranquilidad tras la repercusión de la decisión. Así, subrayó que desde el pasado 2015 existe una "voluntad de firmar un acuerdo bilateral en materia de Policía Judicial, que incorporaría la gestión de lucha contra la violencia de género dentro del proyecto VioGen". En este sentido, reconoció que, tras haber habido "conversaciones entre el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de Málaga, se han retomado las negociaciones para definir la coordinación con las policías locales".

Hasta ahora, matizó, no ha sido posible impulsar una ley de coordinación con la Policía Local dado que "no existía el consenso necesario". El objetivo, "tras 11 meses de Gobierno en funciones", estriba en volver a contactar con los responsables de distintos consistorios para "concretar y definir de forma nítida y clara esa colaboración entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales". Asimismo, el secretario de Estado destacó que "dentro de muy poco no se hablará de ningún conflicto sino de un trabajo en coordinación absoluta y en beneficio de los ciudadanos".

También el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se mostró contundente al recalcar que el asunto "quedará resuelto en muy pocos días". "Nuestra voluntad de colaboración para ejercer funciones de Policía Judicial está clara y el convenio, una vez firmado, permitirá retomarlo en términos de absoluta seguridad jurídica por ambas partes", resaltó.

Las críticas, una vez que se conoció la comunicación de la Comisión de Coordinación de Policía Judicial, que advirtió de una "extralimitación de competencias" en algunas actuaciones, no tardaron en llegar. Al desasosiego que mostraron las asociaciones de víctimas del maltrato se sumó la de los propios efectivos, que afirmaron que en ningún momento se ha dejado desprotegida a ninguna mujer, a diferencia de lo que recoge la Comisión en un escrito remitido al regidor.

La Unión de Policía Local y Bomberos de Málaga (UPLBA) emitió ayer un comunicado en el que denunciaba que la situación que ahora se impone "genera inseguridad para el ciudadano", y criticó "el conflicto abierto entre las Jefaturas de ambos Cuerpos" y, en especial, la Policía Nacional, "que ha estado incidiendo para que la Policía Local dejara de instruir atestados por violencia de género y menores". Asimismo, la organización sindical aseveró que la decisión de la Comisión no responde a "fallos en los procedimientos policiales ni a errores en la instrucción de atestados que conlleven la anulación del proceso en sede judicial, ni tampoco a quejas ciudadanas o carencias de formación o medios".

El Sindicato Independiente de Policía en Andalucía (SIP-AN) ensalzó también la labor que desarrolla el Grupo de Investigación y Protección (GIP) del Cuerpo municipal y afirmó que la "falta de coordinación y las rencillas internas" no justifican la retirada de un "un servicio tan necesario en la ciudad".

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) subrayó que la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía se encuentra "desbordada", puesto que cada agente "tiene a sus espaldas a más de 100 mujeres en riesgo". "Es una lucha de todos", agregaron.

En los últimos cinco años, la Policía Local, según datos aportados por el área de Seguridad, ha detenido a 1.465 personas e instruido 1.735 diligencias sobre malos tratos en el ámbito familiar o violencia de género. De ese total de atestados, 1.686 fueron realizados por agentes del GIP. Hasta noviembre de este ejercicio, se han instruido 375 casos, en su mayoría correspondientes a dicho grupo especializado.

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