Mientras los promotores afectados por las expropiaciones impulsadas por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento muestran su queja, la Administración autonómica sigue a lo suyo. Casi tres años después de que ambas instituciones firmasen un acuerdo de colaboración para actuar en los arrabales del centro, en un espacio de unas 40 hectáreas de superficie, los pasos dados son escasos. Al menos eso es lo que constatan los hechos.

No obstante, fuentes cercanas al proyecto informaron a este periódico que el avance del mismo es inmediato. Incluso se atrevieron a asegurar que a lo largo del presente mes de enero comenzarán a formalizarse las primeras expropiaciones de fincas e inmuebles sobre los que incide el plan diseñado por la Junta y coordinado por el arquitecto Salvador Moreno Peralta.

Este último mostró hace algunas semanas su malestar con la situación que atraviesa la intervención, dado el estancamiento de la misma. De hecho, el documento final de actuación fue entregado por el urbanista a los responsables políticos a principios del pasado año, siendo nulo el avance.

Las fuentes consultadas insistieron en la viabilidad de la iniciativa y en que ésta será impulsada, a pesar de la evidente demora. En los casi tres años transcurridos desde la firma del convenio, diversos problemas con los solares a expropiar han interferido en el proceso, que hasta el momento incluye dos fases de actuación, con unas 90 fincas.

El programa de la Junta contempla la construcción de unas 600 viviendas de protección oficial (VPO), la inclusión de las denominadas tecnocasas, que son pisos destinados a jóvenes profesionales en alquiler para que puedan establecer un negocio, e importantes equipamientos educativos. La inversión prevista es de cien millones de euros.