El dueño de la sociedad que promovió la urbanización Majestic en Casares, acusado en el caso de supuesta corrupción urbanística en esa localidad, aseguró ayer que "nunca" pagó "ni un duro" al entonces alcalde, Juan Sánchez, -también procesado en esta causa- "ni a nadie del Ayuntamiento" para obtener un trato de favor para desarrollar dicha promoción.

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha comenzado este lunes el juicio del denominado caso Majestic, en el que se juzga a un total de nueve personas, entre ellas el exregidor, tres exediles y este acusado, responsable de dicha sociedad y también, según sostiene el fiscal, uno de los representantes en España de una organización internacional supuestamente dedicada al blanqueo de capitales.

La operación policial destapó una supuesta trama de blanqueo y corrupción urbanística

La Fiscalía Anticorrupción explica que a finales de los 90 se asentó en España ese "presunto grupo criminal de ámbito internacional", de origen ruso, cuya actividad "se ocultaba tras un entramado societario que giraba en torno a la denominación genérica de Majestic". Sus principales responsables en España eran un hombre que está declarado en rebeldía y este acusado. Uno de los objetivos del grupo fue "la inversión de capitales procedentes del exterior en el sector inmobiliario de la Costa del Sol, y más concretamente en el municipio de Casares", señala la acusación pública. El responsable de una de dichas empresas admitió que él constituyó la sociedad para comprar un terreno y desarrollarlo, pero negó relación con un grupo organizado.

"Todo eso que se dice de mafia rusa es una invención", respondió al fiscal este acusado, quien apuntó que el otro procesado que está huido y la madre de éste también estaban en el negocio con él, aunque no intervinieron en las reuniones con el Ayuntamiento para concretar la promoción, algo que se llevó a cabo con encuentros entre técnicos de ambas partes. Así, explicó que se hicieron grupos de trabajo entre técnicos del Consistorio y otros contratados por él, que mantenían encuentros a los que él asistía y "algunas veces" también estaba el entonces alcalde. Indicó que las modificaciones urbanísticas aprobadas por el Ayuntamiento supusieron un aumento del número de viviendas, pero no del techo.

Explicó que solicitó la licencia de obras y se la llevó, a pesar de no pagarla, porque se acordó que lo haría la empresa compradora de la promoción. Así, negó que hubiera un trato de favor hacia su sociedad por parte del Ayuntamiento, al contrario, apuntando que el Consistorio "debe mucho dinero".

El juicio sigue hoy con la declaración del exalcalde. La operación policial, desarrollada en mayo de 2012, permitió destapar una supuesta trama de blanqueo y corrupción urbanística, relacionada con esa presunta organización criminal, investigada en otra pieza que aún no ha llegado a juicio. En la tercera pieza, sobre alzamiento de bienes, ya hay condena para este acusado, indicó el fiscal.

En el trámite de cuestiones previas, las defensas plantearon varias nulidades y expresaron supuestas irregularidades en esta causa por vulneración de derechos fundamentales relacionadas con las intervenciones telefónicas para investigar delitos no incluidos en la querella inicial, las investigaciones patrimoniales y la falta de fundamentación del secreto de sumario y las prórrogas.