El alcalde de Albaida se enfrenta a 15 meses de multa por delito urbanístico

  • El juicio se ha previsto que se celebre hoy en el Juzgado de lo Penal número 5

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El alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz Navas (PP), ha sido acusado de un delito contra la ordenación del territorio por el que la Fiscalía le pide 15 meses de multa, a razón de 20 euros diarios, además de siete años de inhabilitación para ostentar cargos públicos. El juicio contra Díaz Navas está previsto que se celebre hoy en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, aunque el alcalde de este municipio de la Axarquía ha enviado al juzgado un certificado médico que desaconseja su asistencia a la vista oral por problemas de salud, por lo que ayer todavía existían dudas sobre el aplazamiento o celebración de la sesión judicial.

Los hechos por los que ha sido acusado y será juzgado el alcalde de Canillas tienen su origen en julio de 2004, cuando Peter P., promotor y propietario de una parcela, solicitó en el Ayuntamiento licencia de obras para levantar una vivienda en una finca no urbanizable, ubicada en el paraje El Mosquín de Canillas de Albaida. La petición del permiso de obras, según el fiscal, no se apoyaba en documentación preceptiva como un proyecto técnico, visado o proyecto de actuación. Sin embargo, a pesar de tratarse de terrenos no urbanizables y carecer de informes técnicos, el alcalde expidió en noviembre de ese mismo año la licencia de obras.

El fiscal hace ver en su escrito de acusación provisional que el expediente de esta obra sólo consta de cuatro folios y que "omite la reclamación de documentación técnica visada del arquitecto municipal". Tres años más tarde, ya en noviembre de 2007 y una vez iniciado el procedimiento judicial contra el alcalde, el abogado del promotor presentó en el Ayuntamiento de Canillas de Albaida un escrito al que adjuntaba un proyecto de actuación que tenía fecha de 2003 en el que vinculaba la vivienda en suelo rústico a una explotación agrícola. El fiscal resalta que "a pesar de que en dicha finca no se ha desarrollado explotación alguna en ningún momento", el Ayuntamiento tramitó "con la misma celeridad" el proyecto de actuación.

Estos hechos son para la Fiscalía constitutivos de un presunto delito de prevaricación urbanística, de ahí que también reclame la nulidad de la licencia que otorgó el alcalde de Canillas de Albaida porque "permitió" en contra de las leyes "una construcción en suelo no urbanizable fuera de los supuestos autorizados", infringiendo el procedimiento y omitiendo el proyecto de actuación, única posibilidad legal que existe para poder edificar en suelo rústico.

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