El alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz (PP) ha iniciado el proceso para solicitar al Gobierno el indulto de la pena de 7 años de inhabilitación que le ha impuesto la Audiencia Provincial de Málaga por un delito de prevaricación urbanística en el que incurrió al conceder una licencia irregular para construir en suelo no urbanizable.

El secretario general del PP malagueño, Francisco Salado, explicó este lunes que el regidor ha iniciado, junto a sus abogados, la elaboración del expediente en el que justificará los motivos que le llevan a pedir el indulto, un documento al que Díaz adjuntará diferentes firmas de apoyo de particulares y organismos.

Salado detalló que el regidor ya ha empezado a contactar con vecinos, partidos e instituciones de la comarca para que se sumen a su petición, y avanzó que tanto los cargos públicos del PP en la Axarquía y la provincia como el propio partido "darán su apoyo" a la reclamación del alcalde.

"Nosotros respetamos la sentencia, pero no la compartimos", recordó Salado, que lamentó la "indefinición y dispersión normativa" que existe en materia urbanística, una situación que, a su juicio, dificulta en gran medida la labor de los responsables públicos "y los pone a los pies de los caballos".

Por ello, los responsables del PP entienden que Díaz "no ha cometido ningún acto reprobable penalmente, aunque legalmente así sea" y darán su apoyo a la petición del regidor. En este sentido, Salado insistió en señalar que casos como el de este alcalde "deberían juzgarse por la vía contencioso-administrativa y no por la penal".

El dirigente 'popular' afirmó que Díaz también ha llevado el asunto a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, solicitando el apoyo de la institución a la petición de indulto, "aunque en este caso la decisión es más complicada, y habrá que hablar del tema detenidamente con todos los grupos representados en ella".

Antonio Gregorio Díaz fue condenado a 7 años de inhabilitación para cargo público por el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga por conceder en 2006 una licencia de obras para una vivienda en suelo no urbanizable y sin contar con toda la documentación, sentencia que fue ratificada la pasada semana por la Audiencia Provincial.