Juan Millán, ex alcalde socialista de La Viñuela, se sentó ayer de nuevo en el banquillo de los acusados por motivos urbanísticos. La compradora de una vivienda construida en suelo no urbanizable -nunca llegó a obtener la licencia de primera ocupación- lo acusa de un delito de prevaricación, acompañado de uno de estafa. Para los dos promotores de la casa, solicita que sean condenados, además de por estafa, por insolvencia punible. El Ministerio Fiscal no ve delito más allá de la prevaricación, por la que Millán ya ha cumplido condena. El ex regidor llegó a un acuerdo con la Fiscalía en el año 2011, con el que agrupó más de una docena de causas por prevaricación urbanística e ingresó en prisión para cumplir una pena de 27 meses de cárcel.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebró ayer el juicio -quedó visto para sentencia- en el que el abogado de la acusación particular trató de demostrar que tanto Juan Millán, alcalde que firmó la licencia de obra en 2003, como los promotores de la empresa constructora cometieron delito de estafa en el momento que "con una licencia de obra crean una apariencia de legalidad" tras la que la clienta llega a pagar más de 280.000 euros para la construcción de la que en principio iba a ser su futura casa.

El permiso de obra se concede en base a la aprobación provisional del Plan de Ordenación Urbanística, en el que el suelo sobre el que se iba a edificar la vivienda dejaría de estar protegido. Sin embargo, el plan no se aprobó después por la Junta de Andalucía, y a día de hoy aún no se ha regularizado.

El alcalde de La Viñuela, Juan Millán, aseguró que la licencia de obra a estos constructores en particular la dio "como tantas otras he dado y por eso me veo como me veo ahora", dijo; porque "firmaba lo que me ponían por delante". Millán concretó que no tiene ni tuvo en su momento relación personal o de amistad con ninguno de los dos promotores más allá de "verlos por el Ayuntamiento" y atenderlos como atendía a otros empresarios.

Los dos promotores declararon estar arruinados, aunque matizaron que a nombre de la empresa aún constan bienes que se pueden embargar para devolver el dinero entregado por la clienta. Ambos coincidieron en que la casa se concluyó y que si hubieran tenido conocimiento de que no se iba a obtener la licencia de ocupación no la habrían hecho. Además, concretaron que se le ofreció otra casa cuando vieron los problemas que arrastraba la primera.

El fiscal consideró que no queda acreditado un engaño para cometer un delito de estafa contra la compradora de la vivienda, porque con una licencia de construcción se amparan en la esperanza futura de una recalificación de los terrenos. Sobre el alzamiento de bienes contra los dos promotores, considera que no está agotada la vía civil para que la clienta reciba el dinero que entregó y que constan bienes a nombre de la empresa promotora que construyó la vivienda que pueden ser embargados a tal efecto.

La acusación particular solicita 6 años de prisión y multa de 18 meses para ambos promotores por un delito de estafa. En el de insolvencia punible pide 3 años de prisión para cada uno y multa de 18 meses. Para el alcalde reduce a 2 años de cárcel y multa de 6 meses su solicitud por estafa. Además solicita una responsabilidad civil por valor de 300.000 euros.