La amenaza de la piqueta empieza a extenderse por toda la provincia de Málaga. Lo que hasta hace apenas unos años era casi un temor que quedaba reducido al municipio de Marbella, ahora el número de ciudadanos sobre cuyas viviendas pesa la sombra del derribo se ha multiplicado exponencialmente, bien por levantarse en suelo no urbanizable o por hacerlo sobre espacio de dominio marítimo terrestre. Esta realidad salta ahora a primer plano después de que se hayan constatado las reiteradas irregularidades urbanísticas que se han venido cometiendo en territorio malagueño.

Marbella, Mijas, Estepona, Málaga capital, La Viñuela, Cártama, Arenas, Toloxý Son algunas de las localidades en las que el urbanismo o ciertas prácticas del mismo están bajo sospecha. Todas ellas acumulan miles de construcciones levantadas de manera irregular y al margen del ordenamiento, aunque no en estos los casos la demolición es una opción contemplada por las corporaciones municipales. De hecho, en la totalidad de estos municipios es la última y menos deseada medida, aún a sabiendas de que los propietarios de las viviendas han actuado en contra de la legalidad.

El máximo exponente en esta dinámica de incumplimiento es Marbella. Aunque con el transcurrir de los meses la imagen de derribos masivos parece difuminarse. Si originalmente la cifra de edificaciones al margen de la ley era de unas 30.000, en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) redujeron el dato hasta 3.000 y articularon los mecanismos necesarios para que mediante compensaciones de suelo, los promotores pudiesen normalizar buena parte de estas actuaciones. No obstante, de acuerdo con los análisis de los redactores del documento, alrededor de 700 seguirán estando al otro lado de la norma, por lo que podrían ser objeto de derribo. Algo a lo que parece oponerse el equipo de gobierno del PP, que insiste en aplazar cualquier intervención a la espera de que el planeamiento local sea aprobado de manera definitiva.

La medida del gobierno municipal marbellí no dista en absoluto de la emprendida por otros ayuntamientos, como el de Estepona, Mijas o Málaga. En el primero de los municipios, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, admite la existencia de unos 2.000 expedientes de viviendas ilegales levantadas en suelo no urbanizable. Sin embargo, el empleo de la piqueta es una opción que no pasa por su cabeza, a excepción de actuaciones muy concretas que se localicen en zonas de riesgo, como cauces, o que afecten a espacios sobre los que el Ayuntamiento prevea intervenciones de interés.

"Nuestra obligación ahora es intentar una legalización de todas las viviendas en el Plan General nuevo", comentó el edil. Pero más allá de estas actuaciones, Estepona sí ha sido testigo en los últimos meses de una de las pocas demoliciones ejecutadas sobre una construcción ilegal, el hotel levantado por Prasa sobre dominio marítimo terrestre.

El temor a las demoliciones también saltó hace unos meses en Mijas, donde el Ayuntamiento contabiliza 3.000 expedientes por infracción urbanística. En 300 de estos casos, el Consistorio inició la notificación de multas y órdenes de demolición, que, de momento, siguen sin hacerse efectivas. La corporación mijeña, por unanimidad, acordó a finales de enero buscar una salida a estas viviendas y analizar las herramientas legales disponibles para legalizarlas.

En la capital de la Costa del Sol, las construcciones al margen del ordenamiento se cuentan por millares. Son los denominados diseminados, o lo que es lo mismo, actuaciones sobre suelo rústico que se iniciaron como casas de apero pero que al final se convierten en viviendas. El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, admite que la intención del Ayuntamiento no pasa por demoler ninguna e incluso recuerda que la revisión del PGOU apuesta por normalizar la situación de once de estos núcleos, en los que habitan unos 880 habitantes.

También en este término municipal, la sombra del derribo viene planeando desde hace décadas sobre los dueños de las casas de pescadores de El Palo y Pedregalejo situadas en dominio marítimo terrestre. Los responsables de la Dirección General de Costas, que inicialmente no descartaba la posible demolición de algunas viviendas, apuestan ahora por legalizarlas mediante un desplazamiento de la linde marítima. En un estado similar se encuentra medio centenar de edificaciones en Mezquitilla y Lagos y otras siete en Manilva.